Iñigo de la Serna, ministro de Fomento
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que «merece la pena que se haga una cierta revisión» de la ley, «especialmente de los supuestos para los expedientes sancionadores», ante la sanción de 1.200 euros que, según los actuales textos legales, se ha impuesto a Abertis por el caos que generaron las nevadas en la AP-6 en el primer fin de semana de enero.
De la Serna remarcó que se trata de la «la máxima sanción que permite la ley», pero reconoció que se trata de «un ley antigua» y abrió la puerta a modificarla al indicar que «como todas las leyes merece la pena que se haga una cierta revisión, especialmente de los supuestos para los expedientes sancionadores».
«Esa reflexión yo creo que es bueno abrirla», insistió el titular de Fomento tras presidir un acto en Lugo.
El ministro ha subrayado que el Gobierno ha «actuado» y que «lo va a seguir haciendo», para, «de una manera proporcionada y justa, resarcir a la Administración el daño generado, además del que los particulares puedan solicitar al concesionario».
«Este es el primero de una larga batería de expedientes en el que hemos aplicado la máxima cuantía que permite al ley», ha incidido De la Serna, rechazando haya habido «una condescendencia por parte del ministerio». «Yo lo que digo es que es todo lo contrario», ha remarcado.
Así, Fomento está imponiendo las máximas sanciones que se puede según la actual ley y esta medida «no será la única, puesto que ahí hay que sumar otro expediente que en estos momentos está abierto, que puede generar multas de una cantidad mucho mayor, y luego están otro tipo de cuestiones», según De la Serna.
Sobre estas otras cuestiones, ha apuntado a «los gastos que se vayan a girar por el gasto llevado a cabo por el Ministerio de Fomento y otros ministerios y las inversiones que en su caso se van a trasladar como necesarias, y sobre las que el ministerio entiende que debe actuar el concesionario a su cargo».
Al respecto, ha indicado «actuaciones en la mediana» y ha resuelto de nuevo que «las sanciones no se pueden poner por encima de los máximos legales».
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