García Ortiz durante su comparecencia (Foto: Senado)
“Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia”, afirma la UPF en una nota, “porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”.
“Los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”, afirman los fiscales progresistas.
Según recuerdan, “la relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces”.
“Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político”, aclara la UPF, sino “un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España”.
La UPF solicite a la relatora de la ONU que “analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial”, así como que “inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales”. Por último, que “considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso”.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará la…
La principal criptomoneda del mercado vuelve a situarse bajo presión en una jornada marcada por…
Groenlandia ha defendido su modelo sanitario después de que Trump anunciara el despliegue de un…
El llamamiento llega después de que Trump anunciara su intención de fijar un arancel global…
El debate sobre la “reducción del riesgo” impulsada por Berlín gana relevancia ante la magnitud…
Borrell sostiene que la UE vive un momento de vulnerabilidad interna y externa, con un…