El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
En un artículo conjunto publicado este domingo en el diario portugués Público, seis juristas de alto nivel —entre ellos António Cluny, exrepresentante en Eurojust, y Hans-Ernst Böttcher, magistrado honorario alemán— advirtieron de que los procedimientos penales o disciplinarios “con objetivos políticos” pueden minar la credibilidad de las instituciones judiciales.
Los firmantes sostienen que ciertos procesos “pueden tener como único propósito judicializar el enfrentamiento político y minar la confianza pública en la justicia”. Subrayan que, aunque el control judicial de las autoridades es legítimo, no debe derivar en el debilitamiento del Estado de derecho ni en el refuerzo de discursos populistas o autoritarios.
El juicio contra Álvaro García Ortiz simboliza para los magistrados europeos un punto de inflexión en la relación entre justicia y política en España
El juicio contra García Ortiz, acusado de un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico vinculado al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, marca un precedente que, según los firmantes, debe ser observado “con prudencia institucional”.
El texto europeo recuerda que el escrutinio al poder público se ha intensificado en las últimas décadas, lo que ha incrementado la intervención de jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción y otros delitos de relevancia política.
Los fiscales europeos insisten en que fortalecer las instituciones democráticas es esencial para proteger la independencia de quienes ejercen la justicia
El artículo destaca que fortalecer las instituciones democráticas y blindar la independencia de los operadores judiciales es la única vía para preservar la confianza ciudadana y evitar interferencias internas o externas.
Los autores alertan de que, si prosperan las interferencias movidas por intereses particulares, “no solo se minará la credibilidad de los procesos judiciales”, sino también la legitimidad de quienes deben hacer cumplir la ley.
Los juristas europeos advierten que la desinformación y el populismo son hoy las mayores amenazas a la confianza en la justicia
Recuerdan que una justicia independiente no significa una “justicia corporativa”, sino un sistema que rinde cuentas ante una sociedad libre y atenta “a los peligros de la desinformación y del populismo”.
El pronunciamiento europeo llega en un momento decisivo del juicio al fiscal general, cuya declaración está prevista para el miércoles ante el Tribunal Supremo, tras una primera semana de vistas sin avances sobre el origen de la filtración del correo.
Pese a la preocupación generalizada, los juristas se muestran confiados en que los tribunales españoles garantizarán la aplicación imparcial de la ley y protegerán el funcionamiento del sistema democrático. Si no fuera así, advierten, “serían el país y la sociedad en general los que saldrían perdiendo”.
La independencia judicial en España, concluyen, “no es solo una cuestión corporativa, sino un pilar esencial de la democracia y del equilibrio institucional europeo”.
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