La defensa Marta Ferrusola, esposa del expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que señala que ésta padece una «severa demencia» que, tras una larga evolución, «ha terminado por anular su capacidad para comprender los hechos» de la causa que investiga el origen presuntamente irregular de su patrimonio, en la que ha sido procesada junto a su marido y sus siete hijos.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, esta situación impide «el correlativo ejercicio» de su derecho fundamental a la defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.
Ferrusola, de 85 años, ha presentado un informe médico con fecha de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que señala que padece Alzheimer desde 2018 y actualmente debido a su demencia de base y a las lesiones cerebrales causadas por un politraumatismo sufrido el pasado mes de agosto, «no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas».
Así, el informe señala que Ferrusola no se encuentra en condiciones de prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión «tanto del objeto como de las consecuencias», así como de evocar hechos o interpretar la realidad pasada o presente, «sin que pueda descartarse que una situación como ésta pueda generar en la paciente una situación de estrés/ansiedad que empeoren todavía más su estado cogninitvo».
El juez Santiago Pedraz, por su parte, ha abierto una pieza separada reservada para estudiar esta cuestión, a la que han sido aportados los documentos e informes aportados por la defensa de Ferrusola, y ha dado traslado al fiscal «para su conocimiento e informe», según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, que tiene fecha de este lunes.
Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
En su auto de 16 de julio de 2020 de fin de instrucción y transformación de la causa en procedimiento abreviado, el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata, predecesor de Pedraz en este juzgado, apuntaba que la familia de los Pujol se aprovechó de su «posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas» para enriquecerse.
Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además de contra la familia Pujol, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
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