Emesa, socio privado de la sociedad mixta Calle 30, ya ha abonado cerca de un millón de euros en multas impuestas por el equipo de Manuela Carmena por incumplimientos del contrato. Se trata de servicios contemplados en los acuerdos de gestión y pagados con dinero público que, sin embargo, no existían en la realidad.
Con la llegada de Ahora Madrid al gobierno de la capital, el departamento que dirige el concejal Carlos Sánchez Mato quiso conocer el estado de los contratos de gestión de la macro infraestructura de túneles construida en época de Alberto Ruiz- Gallardón.
Desde 2004, Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, Emesa, que cuenta con el 20% restante y que está integrada por Ferrovial y el grupo ACS. Hace 13 años el PP logró modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta, y se firmó la adjudicación del millonario contrato de conservación de la vía de circunvalación hasta 2040.
Según ha venido denunciando en estos dos últimos años Ahora Madrid, las irregularidades en la prestación del servicio contratado con Emesa han sido muy costosos para las arcas municipales.
Las infracciones por las que Ferrovial y ACS han respondido al Gobierno de Carmena hasta el momento son tres: la falta de instalación del telecontrol de alumbrado a cielo abierto que estaba incluída en el contrato inicial, con sanción de 375.000; la ausencia de la red wifi en todo el anillo de Calle 30, infracción multada con 320.000 euros y, en tercer lugar, una sanción de otros 300.000 euros por no instalar una red de transmisión de datos que mejoraría el sistema de gestión de las comunicaciones entre el centro de control y las instalaciones de la infraestructura.
Las sanciones se derivan de los tres expedientes incoados y resueltos por el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 el pasado mes de junio.
“El socio privado de la empresa mixta Madrid Calle 30 demandó los acuerdos del Consejo de Administración sin entrar, en ningún caso, en el fondo de cada cuestión sancionada. Y esta semana, finalmente, ha pagado un total de 995.000 euros por las infracciones cometidas”, informa hoy el consistorio.
El departamento de Sánchez Mato ha desgranado hasta el momento numerosos incumplimientos contractuales de Emesa en la gestión de los túneles, la mayor parte de ellos referidos a servicios que se pagan dos veces, facturas que corresponden a la empresa privada y que acaban pagando las arcas públicas y, sobre todo, servicios que Emesa debía prestar y que no existen, como semáforos y cámaras ‘fantasma’.
De las que ahora encuentran resarcimiento, una se debe a la falta de instalación del telecontrol de alumbrado a cielo abierto al que se comprometió Emesa. La empresa de Ferrovial y ACS ha cobrado por ese servicio desde 2007, y ahora enfrenta la sanción con intereses del 5,5%.
“Tanto este compromiso como el de la red wifi derivan de prestaciones adicionales que EMESA ofertó y que fueron valorados para que la UTE resultara adjudicataria del contrato millonario que actualmente mantiene. El incumplimiento de los compromisos contractuales ha sido reiterado desde 2007”, denuncia el consistorio.
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