Trabajador
La subida del salario mínimo a 900 euros en 2019 “no es una idea muy buena”, porque es demasiado “rápida, brusca y puede provocar pérdidas de empleo”, según considera el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, que considera que los sueldos deben subir como reflejo de un aumento de la productividad.
Según recoge Europa Press, para De la Fuente no está claro que la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aumente las rentas totales de los asalariados, quizás sí de los que mantengan el empleo, pero “habrá gente a la que no se le renueven contratos o incluso se les rescindan”. “Es el problema de hacer las cosas por decreto, habría que tener más cuidado con eso”, ha apuntado en la presentación del informe ‘¿Hacia una nueva reforma de las pensiones?’.
Respecto a la cuota de los autónomos, Fedea ha apuntado que si los autónomos tienen un coste laboral más bajo que los trabajadores por cuenta ajena, se podría aumentar el número de falsos autónomos y podría suponer una pérdida de contributividad del sistema. “Los sistemas tienen que tener una coherencia y hay que tenerla en cuenta siempre y no hay que improvisar medidas para intentar contentar a unos y otros, porque se pueden generar daños no deseados, que pueden ser muy importantes para el conjunto de la sociedad”, ha añadido.
En lo que respecta a las pensiones, Fedea ha advertido de que la derogación de la reforma de 2013 sin un plan alternativo supondría un aumento anual de entre 3 y 3,6 puntos del PIB al déficit de la Seguridad Social y pondría en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional. El think tank apuesta por que la nueva reforma del sistema de pensiones incluya medidas de contención del gasto distribuidas entre los pensionistas actuales y futuros, así como incrementos de ingresos que procedan de toda la sociedad.
Fedea, que cree que hay que elaborar un plan “realista y destallado” de ingresos y gastos durante las tres próximas décadas, apuesta por que las pensiones mínimas se revaloricen conforme el IPC, pero que para el resto de pensiones habría que introducir una regla de actualización que fuese sensible a la evolución de la actividad económica y a la situación financiera del sistema, pero que fuese menos drástica que el actual índice de revalorización de las pensiones.
El think tank apuesta por tener en cuenta el IPC y los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social. Bajo su punto de vista, esta fórmula “suavizaría considerablemente” los efectos del índice de revalorización actual, pero seguiría contribuyendo a frenar en medida el crecimiento del gasto cuando el sistema esté en déficit y trasladaría de manera automática a los pensionistas una parte del incremento de la renta nacional si se consigue crecer lo suficiente para que el sistema esté en superávit.
“Al final la mejor garantía posible de la sostenibilidad del sistema de bienestar es una economía saludable que crece a buen ritmo”, ha apuntado.
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