Exigen un amplio consenso político para atajar la crisis de acceso a la vivienda en Baleares

La segunda mesa de diálogo sobre políticas de vivienda que ha organizado el PSIB reunió a voces autorizadas para debatir la problemática habitacional que golpea a las Islas. Durante el encuentro, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Luis Artieda, lanzó un mensaje contundente: si se quiere considerar la vivienda como el “quinto pilar” del bienestar social, es imprescindible un marco legal estable y consensuado por todas las fuerzas políticas.

Crisis y consenso político

“Hay que crear un marco general común con consenso de todos los partidos políticos. Es importante, sino no conseguiremos nada”, enfatizó Artieda, al tiempo que subrayó que “si no se hace una estrategia a largo plazo no arreglaremos el problema”. El presidente de los agentes inmobiliarios también llamó a cambiar la visión de la vivienda: de un bien especulativo a un bien de primera necesidad.

“En Baleares hay 652.000 viviendas para más de 1,2 millones de habitantes, con un metro cuadrado que ronda los 3.700 euros y salarios por debajo de la media nacional”

Entre las razones que agravan la situación balear, Artieda citó el escaso parque de vivienda social, el encarecimiento del mercado inmobiliario y la llegada de inversores extranjeros, lo cual dificulta aún más el acceso de la población local a una vivienda digna.

El peligro de la próxima crisis

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, aseguró que el archipiélago se asoma a una recesión con la vivienda como principal detonante. “No podemos crecer económicamente ni asumir la actividad de nuestro modelo productivo con los precios actuales. O hay intervención pública o pagaremos las consecuencias”, sentenció. La combinación de un entorno turístico estacional con la alta demanda de segundas residencias crea, advirtió, “la tormenta perfecta” que expulsa a los trabajadores de la isla.

Precariedad laboral y dificultades de alojamiento

Por su parte, el secretario general de UGT-Servicios, José García Relucio, denunció la situación de muchos trabajadores del sector de la hostelería, la restauración y el ocio nocturno: para conseguir alojamiento, se ven obligados a aceptar salarios precarios o largas jornadas extra, con la única contraprestación de una cama en habitaciones compartidas.

“Trabajadores que se tienen que ir de Baleares tras jubilarse o incluso antes, porque los costes de la vivienda son inasumibles”

Generación joven sin opciones

El presidente del Consell de la Joventut de Baleares, Pau Emili Muñoz, expresó la desesperanza de una generación que, según él, cree que vivirá peor que sus padres. La ley de vivienda autonómica de 2018, a pesar de sus virtudes sobre el papel, no consigue paliar la crisis real. Muñoz resaltó la imposibilidad de elegir proyectos de vida en una coyuntura marcada por la precariedad laboral y los precios desorbitados de la vivienda.

“Los trabajadores tienen que poder vivir aquí para que los hoteles y otros servicios funcionen. Sin vivienda digna, la economía local no puede sostenerse”

Desahucios y renovaciones de alquiler

Gloria Olmos, abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), hizo hincapié en los casos de desahucios por finalización de contrato de alquiler, donde el arrendador sube el precio hasta límites inasumibles. Estas situaciones no se deben a impagos, sino a la imposibilidad de firmar la renovación cuando el arrendador exige incrementos desproporcionados. Olmos también reclamó mayor voluntad política para activar todos los mecanismos disponibles y reforzar la “función social” de la vivienda.

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