Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, las ONG que impulsan la campaña ‘Armas Bajo Control’ -para denunciar el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos- quieren que el Gobierno de Pedro Sánchez se retrate en el Congreso sobre la falta de trasparencia en la exportación de armamento de España.
Estas cuatro ONG exigen que el nuevo Ejecutivo explique sus planes para impulsar la transparencia y el control y diga “si va a revocar o suspender exportaciones preocupantes de armas españolas autorizadas en 2017”. Y piden que aclare cómo va a llevar a cabo el compromiso electoral del PSOE: “Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”.
¿Pero a qué se refieren con exportaciones preocupantes? Según dichas ONG sería las ventas derivadas de aplicar el principio legalmente vinculante de “no autorizar armas para cometer atrocidades”. Según la campaña “en 2017, se identificaron operaciones preocupantes a 19 países, dos especialmente, Israel y Arabia Saudí, ante las graves, manifiestas y continuadas violaciones del derecho internacional por parte de estos dos países.
Las explicaciones que del Gobierno de Pedro Sánchez son importantes dado el gran negocio que hace España con la venta de armamento. Según estas ONG “las exportaciones de material de defensa, otro material y productos y tecnología de doble uso en 2017 supusieron un récord histórico: las exportaciones ascendieron a 4.652 millones de euros y las autorizaciones superaron los 21.500 millones, por lo que es probable que las exportaciones realizadas seguirán aumentando en los próximos años”.
En un nuevo informe publicado ayer sobre las ventas de armas en 2017, la campaña Armas Bajo Control manifiesta su preocupación por el hecho de que la política de impulso de las exportaciones no se ha acompañado de nuevas medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo, el control parlamentario previo ni más recursos para garantizar el control del uso de las armas., ya que temen que en la toma de decisiones primen los intereses comerciales por encima de los derechos humanos, la paz y la seguridad
Dicho informe señala ventas de armas como armas ligeras y munición a Israel y Arabia Saudí, que deben cesar inmediatamente. Además, las ONG identifican exportaciones de armas muy preocupantes a otros 17 países y otras seis operaciones sobre las que se necesita más información, basándose en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.
Entre las operaciones muy preocupantes figuran la venta de determinadas armas a, entre otros países, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, EE.UU., Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú. Por la gravedad de la situación actual, el informe incluye la venta de material antidisturbios a Nicaragua en 2016 por valor de 1,4 millones de euros por su posible uso en las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones de los últimos meses.
Además las organizaciones denuncian que el comercio de armas sigue siendo una materia oculta donde las decisiones gubernamentales se esconden tras la etiqueta de “secreto oficial” y en las que siempre parecen primar los intereses comerciales frente a los derechos humanos, la paz y la seguridad. Y eso es lo que quieren cambié con el nuevo Ejecutivo del PSOE
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, explica que reclaman dos medidas urgentes al presidente Sánchez: “En primer lugar, la revocación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. En segundo lugar, impulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que está tramitando el parlamento, garantizando que se adecúa a las normas internacionales”.
Adicionalmente, las ONG solicitan al Gobierno que cree un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y EE.UU.
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