La gestión de la crisis provocada por los contagios de hepatitis C que se han producido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid al realizar TACs con contraste tiene un máximo responsable para la PlafhC: el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La plataforma exige su dimisión tras la última reunión celebrada.
“Dicha reunión se desarrolló en medio de un clima de tensión”, apuntan desde la asociación ante las “inaceptables respuestas por parte de la Consejería de Sanidad”. Un ejemplo de ello sucedió tras la pregunta sobre la causa del contagio: “Su respuesta fue que lo saben ‘pero que no lo vamos a decir hasta lo consideramos oportuno’”.
Tras el encuentro celebrado a finales de la semana pasada, las contradicciones aparecieron al contactar con los protagonistas. Si la Consejería aseguró que “se ha hecho” un seguimiento de familiares y allegados de los contagiados, los afectados con los que ha hablado la PlafhC lo desmienten.
Misma situación se repite ante la pregunta de si se ha dado apoyo psicológico a los contagiados. La Comunidad de Madrid aseguró que los afectados “están muy contentos con la actuación del hospital”. Y la PlafhC asevera que a los contagiados “no se les ha dado ningún apoyo y están muy lejos de estar contentos”.
Si el Gobierno madrileño puntualizó que la crisis se ha gestionado “con total transparencia”, la plataforma recuerda que al Comité de Empresa del Gregorio Marañón no se le convocó hasta el 8 de noviembre cuando el centro público “tenía conocimiento de los hechos desde finales de agosto”.
“La PlafhC no puede quedarse impasible ante la falta de transparencia y la mala gestión que se ha hecho de esta crisis por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, sentencian.
Así, la plataforma no ha dudado en exigir “la inmediata dimisión del consejero”. Sin embargo, este no es el único paso que reclaman al Ejecutivo de Ángel Garrido.
Por último, piden que se comunique “las causas que han provocado los contagios”, que se atienda psicológicamente a los familiares y allegados, que se revisen los protocolos “en pruebas que conlleven contacto con sangre” y que se forme adecuadamente al personal de estas pruebas.
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