05-05-2021 El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas Aranda, durante la Comisión de Investigación sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción, a 5 de mayo de 2021, en la Sala Prim del Congreso de los Diputados, en Madrid, (España). Esta comisión del Congreso investiga la supuesta utilización de fondos reservados en el Ministerio del Interior del anterior Gobierno del PP para obstaculizar causas que afectasen a dirigentes populares. Esta trama protagonizada por el PP también es conocida como 'Operación 'Kitchen'. POLITICA A.Martínez Vélez. POOL/Europa Press - Europa Press
En un escrito del pasado 20 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Blas solicita formalmente al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que abra una pieza separada para indagar en los hechos que viene denunciando a lo largo de sus alegaciones en ‘Tándem’, apuntando ya que, en caso de que el magistrado acceda a tal petición, una a esta eventual pieza las agendas personales de Villarejo y las grabaciones que hacía de sus conversaciones con terceras personas.
Martín Blas indica que el objeto de esta nueva investigación deberían ser las supuestas maniobras de Villarejo para difamarle y apartarle con el objetivo de frenar las indagaciones que estaba llevando a cabo desde Asuntos Internos contra el ahora policía jubilado en el contexto de lo que se ha venido a llamar ‘guerra de comisarios’.
En este sentido, Martín Blas recuerda que, «primero desde la Unidad de Asuntos Internos y luego desde la Comisión Judicial del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, investigó y denunció dichos ilícitos de la organización criminal inserta en la cúpula de la Policía que precisamente cometían, entre otros, delitos de descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales, sufriendo todo tipo de represalias».
El otrora responsable de la UAI hace esta petición con motivo de un informe policial emitido en octubre de 2020 en el marco de la pieza 7 –relativa al presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la ‘Operación Kitchen’– que plasma el material intervenido en una entrada y registro en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo.
Martín Blas llama la atención sobre una carpeta denominada ‘Party’ que contiene información registral y empresarial sobre él y su entorno personal y familiar y que se habría obtenido en 2016 como parte de una investigación de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. A su juicio, «es evidente el carácter intimidatorio» de este material.
«ANIQUILACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL»
Además, subraya que «ha tenido conocimiento de la existencia de mucho mas material documental relativo a los graves hechos denunciados» por él, un conjunto de archivos del que destaca las agendas y grabaciones de Villarejo, donde «se hacen múltiples referencias a Martín Blas, las investigaciones policiales que realizaba, cómo obstaculizarlas y acosarle, y los intentos para neutralizarle».
Ello le lleva a pensar que «existe mucho mas material que obra en manos de la Unidad de Asuntos Internos que pondría de manifiesto las maniobras de obstrucción a la Justicia de la organización criminal objeto del presente procedimiento para impedir las investigaciones dirigidas por Martín Blas, consistentes en su acoso y
aniquilación personal y profesional, interponiendo denuncias falsas y orquestando junto a periodistas campañas de difamación».
En este contexto, el también comisario recuerda dos pesquisas importantes que realizó en torno a la figura de Villarejo, una relativa a la ‘Operación Emperador’ y otra sobre las supuestas filtraciones de ‘Gürtel’ a una agencia de detectives, un asunto que dio lugar al ‘Informe Colombo’, el cual apunta que se remitió a la Fiscalía pero no se llegó a investigar.
Así las cosas, Martín Blas lamenta que, pese a sus reiteradas denuncias sobre el supuesto complot en su contra para neutralizar sus averiguaciones sobre Villarejo, «el Juzgado Central de Instrucción nada hace por instruir los graves hechos» expuestos, estimando que con ello se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
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