Francisco Camps, expresidente de la Generalidad Valenciana
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este miércoles el recurso presentado por España contra la multa de 18,93 millones de euros que le impuso el Consejo de la UE en 2015 por manipular las estadísticas del déficit de la Comunidad Valenciana.
La corte descarta en su sentencia las alegaciones presentadas por España, que defendía que se vulneró su derecho a la defensa y el derecho a una buena administración, que no existía infracción y que la sanción era desproporcionada, indicó el servicio de prensa del Tribunal.
Es una sanción esperada y que pesa a las espaldas del PP, cuyo Gobierno central ha sido muy crítico en estos años con posibles sanciones europeas en casos como el de la estiba. Finalmente, la multa por el retraso en la reforma del sector de los estibadores quedó en tres millones de euros, seis veces menos que la que hoy se confirma.
La multa de 19 millones se explica por la actuación de la intervención general de la Comunidad de Valencia, acusada de manipular de manera sistemática los datos de déficit y deuda pública durante 23 años.
El falseo de datos se produjo, según esta causa, entre 1988 y 2011. El Gobierno valenciano estuvo en manos de los populares en la mayor parte de ese lapso, aunque hasta 1995 hubo un presidente socialista, Joan Lerma. Sin embargo, la multa concierne solo a la manipulación de las cuentras en los años 2011 y 2012, porque Bruselas sólo puede investigar las estadísticas desde ese punto. Los otros 16 años corrieron bajo el mandato de los populares Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, además de un año de gobierno de José Luis Olivas.
La UE dictamina que la región omitió considerables gastos sanitarios, lo cual fue calificado por la Comisión Europea como negligencia grave. Esta sanción lleva años dando tumbos por los tribunales de justicia europeos, ante los recursos de España sobre el procedimiento de infracción y sobre la propia multa.
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