Bandera Unión Europea
Cada vez son más numerosas las empresas que apuestan de lleno por una filosofía sostenible, la cual beneficia tanto al ecosistema como a sus propios intereses económicos. Y es que en pleno 2025 hay cuantiosos clientes potenciales que prefieren decantarse por aquellas marcas que se preocupan por el medio ambiente.
Sin embargo, hay compañías multinacionales y PYMEs que, por unas u otras razones, prefieren no dar el paso todavía. ¿Sabías que estarán obligadas a hacerlo conforme vayan aprobándose y entrando en vigor algunas normativas europeas? En efecto, siendo un claro ejemplo la directiva CSDDD, así como la conocida bajo el acrónimo de CSRD.
Este tipo de normativas están pensadas para redefinir la sostenibilidad empresarial. Pero, ¿cómo lo hacen?
Lo primero que has de saber es que hablamos en futuro a pesar de que la normativa CSRD lleva años en marcha porque la otra, la CSDDD, está recibiendo muchas críticas que derivan en que se posponga su entrada en vigor. De hecho, la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad también trajo consigo bastante polémica en su momento, pero no tanto como la que ha generado la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad.
Cuando la CSDDD entre en vigor allá por el 2028, sumándose a las obligaciones de la CSRD, ocasionará un cambio drástico en las empresas europeas. Y es que han sido formuladas no solo con el objetivo de reconfigurar el concepto de sostenibilidad empresarial. Por si fuera poco, también sirven para imponer nuevas obligaciones legales que impactan de manera real en las operaciones, la gobernanza y las finanzas.
La directiva CSDDD básicamente obliga a las empresas a supervisar sus cadenas de suministro para detectar abusos de tipo medioambiental o relacionados con los derechos humanos.
Más allá de la mayor carga administrativa, lo que mayor rechazo ha generado incluso en grandes políticos como el canciller alemán y el presidente francés es la posibilidad de que las empresas pasen a ser las responsables si sus proveedores no actúan convenientemente y ellas no han operado con la diligencia a la que estarán obligadas en un futuro.
Afortunadamente, hay una manera sencilla de evitar que se produzcan estos escenarios: contratar a un equipo referente en la homologación de proveedores de confianza, como por ejemplo Nalanda.
Respecto a la otra directiva, la CSRD obliga a las empresas a proporcionar información relacionada con la sostenibilidad que sea tan precisa como una que, desde las autoridades europeas, consideran que es igual de importante: la financiera.
Hasta ahora, las PYMEs y, sobre todo, algunas multinacionales hacían caso omiso a las sugerencias y no trasladaban la información necesaria. A partir de la entrada en vigor de la citada directiva, están obligadas a hacerlo. En concreto, deben ser más transparentes y, a su vez, cerciorarse de que la información que proporcionan al respecto de su sostenibilidad tiene la calidad esperada.
Por otra parte, las empresas están obligadas a aplicar una serie de políticas medioambientales que cada vez son más exigentes. Sin entrar a valorar las consecuencias directas que asumirán las empresas, hay que decir que, según Europa, de ello se beneficiará un ecosistema que, desafortunadamente, en pleno 2025 presenta un estado deplorable.
A pesar de los evidentes beneficios que traerán consigo ciertas directivas como las que hemos traído a colación, algunas de ellas entre las que se encuentra la CSDDD están actualmente en pausa.
Algunos de los principales líderes europeos han salido a la palestra para mostrar su disconformidad ante la inminente aplicación de la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad. Una de las razones que lleva a políticos de primer nivel y a grandes empresarios a declarar abiertamente su rechazo se resume en considerar que las compañías, desde PYMEs hasta multinacionales, no tienen por qué desempeñar una función más bien propia de la policía.
Es innegable que muchas empresas no están preparadas para hacerlo. No solo hablamos de las funciones que tendrán que realizar sus profesionales o los especialistas contratados —como los de Nalanda para proceder a la homologación de los proveedores de confianza—. Adicionalmente, nos referimos al esfuerzo económico que ello les supondrá.
Si bien es cierto que algunas multinacionales podrán llevar a cabo el gasto necesario, muy probablemente no suceda lo mismo con las PYMEs. Para ellas, cumplir con las normativas de sostenibilidad empresarial se convertirá en un auténtico reto para el que sí o sí necesitarán ayuda profesional.
A pesar de ello, Europa sigue dispuesta a seguir apretando el cinturón verde, puesto que considera que es más relevante el estado del ecosistema que el de aquellas empresas que puedan estar afectadas por la aplicación de sus directivas.
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