España se seca, y a nadie parece importarle

El 75% del territorio español se encuentra en zonas susceptibles de sufrir desertificación. Sobrevolar la península ibérica – en cualquier vuelo comercial – siempre ha sido una actividad informativa sobre el estado climático del país. La escasez de lluvias, ligadas al cambio climático, y la política agraria e hídrica del Gobierno han agravado un panorama donde hallar un pantano o embalse por encima del 30% es dar con un oasis. Todo es amarillo, rojo.

La situación pictórica que vive el cielo en España, sin embargo, es inversamente proporcional a la que viven sus pantanos, embalses y lagos. El cambio climático ha permitido al cielo robar el color azul de la Tierra y ahora son muchas las zonas del territorio que han activado la señal de emergencia.

La sequía es una realidad en España. Como recuerda Greenpeace en un informe (‘Sequía: algo más que falta de agua’) publicado esta semana, nunca ha dejado de serlo. Es un fenómeno habitual en la península ibérica debido a su situación geográfica. Sin embargo, diversos factores invitan a creer que la de ahora ha venido para quedarse.

“Debido al cambio climático previsiblemente los periodos secos serán cada vez más intensos y duraderos. A ello, hay que sumar el aumento en los usos y consumo de agua, lo que nos sitúa ante un escenario de escasez real de agua o sequía hidrológica”, alerta Greenpeace en su informe.

Una política del siglo XX

Diversas ONG y activistas de medioambiente denuncian que no todo se debe al cambio climático, y sí se debe a él, en gran parte responde a la acción del ser humano sobre la Tierra. Como señala Greenpeace, la política agraria emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo que consume el 84,3% del agua, según los últimos datos del INE (2015). El resto, un 15,7% se lo reparten el abastecimiento y los usos industriales.

El Gobierno pretende establecer un consenso estatal en materia hídrica con un nuevo Pacto nacional por el agua. Para la ONG, este plan anunciado a bombo y platillo no cambiará nada, ya que no ataca uno de los focos principales de la materia: la concepción de que la oferta de agua es ilimitada.

El agua es un recurso limitado y muy variable. Sin embargo, los diferentes Gobiernos de España han dado prioridad a la creación de grandes obras hidráulicas (1.300 embalses) promovido los trasvases (al menos 16 inventariados) y la ampliación sin límite del regadío intensivo.

“Por esto, a pesar que España es el país con más embalses per capita del mundo siguen los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden”, destaca Greenpeace.

Según ellos, la sequía, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la tala indiscriminada de bosques, la agricultura intensiva, el sobrepastoreo, los incendios y la ocupación del suelo son parte responsable de esta situación.

Agricultura, conciencia y el precio de la luz

La relación entre agricultura y sequía es muy estrecha. Es víctima y culpable al mismo tiempo. Greenpeace ha documentado y denunciado en numerosas ocasiones cómo la actual política del agua está beneficiando a las grandes empresas y perjudicando a los pequeños agricultores.

Además, uno de los factores a tener en cuenta es la concienciación del consumidor. Uno de cada cuatro litros de agua dulce en el mundo se utiliza para la producción de alimentos que acaban sin ser utilizados (basura y/o excedente comercial que se tira para no rebajar los precios).

En ese sentido, el informe alerta sobre el consumo exacerbado de agua por parte de cierto tipo de agricultura que tiene como fin producir piensos para alimentar a una ganadería industrial en expansión.

“El aumento de la demanda de alimentos con elevadas huellas ecológicas, como es el caso de la carne proveniente de la ganadería industrial, está contribuyendo de forma innegable al fomento de un modelo de agricultura destructivo y a la degradación de la calidad del agua”.

Por otro lado, la escasez de agua repercute directamente en el precio de la luz, tal y como está confeccionado el modelo energético en España.

Conflictos territoriales

La falta de agua para abastecer a la población es ya uno de los principales factores de conflicto entre territorios, y lejos de menguar, será cada vez más recurrente. En 2017, por ejemplo, más de cien poblaciones españolas tuvieron algún tipo de restricción en su agua de abastecimiento.

Naciones Unidas cifra en 37 las disputas internacionales relacionadas con el agua desde 1870.

El informe de Greenpeace detalla cómo en España ese enfrentamiento se ha trasladado a las regiones de Castilla-La Mancha y Murcia a raíz del trasvase Tajo-Segura, recordando por momentos a la crisis del trasvase del Ebro que se produjo en 2004.

El diario portugués Público tituló esta semana un reportaje sobre la sequía del Tajo con una cita textual que decía: “En el futuro podría haber una guerra por el agua entre España y Portugal”.

En estos momentos, ambos países comparten el agua gracias al Convenio de Albufeira. No obstante, los lusos han protestado en más de una ocasión ante las acciones del Gobierno español, como el trasvase del Tajo, que les afecta directamente.

¿Cuál es la solución?

No existe una respuesta unitaria en la comunidad científica, pero sí ciertos consensos de hacia dónde hay que caminar. Lo primero, cumplir la Directiva Marco del Agua (DMA) en la que España está inmersa y apenas la cumple.

Tal y como relata Greenpeace, el DMA es una herramienta para hacer frente a las sequías. Esa directiva establece como objetivo fundamental la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las aguas (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras), “con el fin de garantizar los usos sostenibles del agua a medio y largo plazo”.

Acceda a la versión completa del contenido