Hombre con maletín
Las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% el pasado año. Este dato, lejos de suponer una buena noticia, indica que la capacidad de denuncia ha menguado. Así lo consideran al menos los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que destacan en declaraciones a EL BOLETIN que la falta de plantilla en la Agencia Tributaria influye directamente en ese retroceso estadístico. En España, apenas hay un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo. Los últimos informes de la OCDE revelan que España, en la parte baja de la lista, duplica la media de la UE (970).
Gestha explica que la caída de las denuncias por delito fiscal en España coincide, paradójicamente, con escándalos como el de los Papeles de Panamá, el de Football Leaks o el de los Papeles del Paraíso, lo que evidencia, según ellos, que los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento.
«Las cifras de la caída de denuncias revelan que cada vez estamos más al menudeo, a las pequeñas cosas, que a las grandes empresas y mutinacionales, que es donde se suele producir el fraude fiscal», señala Carlos Cruzado, presidente de Geshta, a EL BOLETÍN.
Los técnicos atribuyen el desplome de las denuncias a cuatro motivos: la limitación de sus competencias en la lucha contra el fraude, la orden de la Agencia Tributaria de realizar básicamente investigaciones parciales, la amnistía fiscal de 2012, declarada inconstitucional, y la modificación del artículo 305 del Código Penal.
Según Geshta, estas cuatro causas complican el descubrimiento de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal.
Diferentes organizaciones internacionales ubican cerca del 25% del PIB el nivel de economía sumergida que hay en España. Para que aflore, los profesionales de Hacienda consideran que el Gobierno debería dedicar recursos económicos y políticos, como ampliar la plantilla de inspectores.
Un plan de lucha contra el fraude fiscal “realista y eficiente” facilitaría la recaudación a medio plazo hasta 40.000 millones, aseguran. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no parece estar dispuesto a realizar dichos esfuerzos. Según un informe de la OCDE de 2015, España dedica a la lucha contra el fraude un gasto de un 0,1% de su PIB, mientras que Hungría destina el 0,4%; Bélgica, un 0,3%; o la vecina Portugal, un 0,22%.
Recortes y más recortes
La crisis económica se ha llevado por delante millones de trabajos en España. Una parte de ellos, en la Agencia Tributaria, donde una de las áreas más afectadas ha sido la de inspección, que ha perdido un 6,7% de la plantilla en los últimos años.
La reducción de personal se debe a la tasa de reposición cero en los organismos públicos aprobada por el Gobierno para recortar gastos de la administración y cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Una política que ahora el Ejecutivo pretende revertir y que los sindicatos consideran insuficiente. Según Geshta, sería necesario un incremento de al menos 5.000 empleados para lograr acercarse a la media de los países de la Unión Europea.
Invertir en técnicos de Hacienda y facilitar su trabajo repercute positivamente en la economía de los países. Sin ir más lejos, al comienzo de la crisis por cada euro invertido en el personal de la Agencia se recaudaban 6,58 euros. Esa rentabilidad se ha disparado hasta los 9,64 euros en 2015.
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