El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez)
El nuevo plan a cuatro años “garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas, con una senda de crecimiento robusta y equilibrada, compatible con el mantenimiento de la responsabilidad fiscal, que permitirá seguir reduciendo el déficit y la ratio deuda-PIB”. Además, explica el departamento de Carlos Cuerpo en una nota, “cumple con lo establecido en el nuevo marco de reglas fiscales de la Comisión Europea, en cuya definición y negociación España tuvo un papel destacado”.
La ‘hoja de ruta’ trasladada a Bruselas presenta un “escenario de consolidación” a siete años al incluir “medidas adicionales”. En estas cuentas se garantiza la “sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, dando así cumplimiento al nuevo marco de supervisión fiscal europeo y manteniendo el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal”.
Para el cumplimiento de los objetivos se establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto del 3,4% para el periodo en vigor del plan (2025-2028) y del 3% para el periodo a siete años. Según el mismo, el Ejecutivo de coalición contempla que el déficit se reduzca del 3% de este año al 0,8% en 2031. En este sentido, para el final de la actual legislatura, 2027, se espera que se sitúe en el 1,8%.
Respecto a la deuda, Economía prevé que caiga del 102,5% al 90,6% del PIB dentro de siete años. Sobre el citado 2027, la cifra estaría en el 98,4%. Es más, este plan de ajuste incluye que se rebaje hasta el 76,8% en 2041.
En lo referente al PIB, los cálculos del departamento de Carlos Cuerpo pasan porque la economía crezca un 1,6% en 2028 (1,9% en este 2024) y que el deflactor del Producto Interior Bruto ese año sea del 2,4% (para este año es del 3,1%).
Tal y como destaca Economía, el Plan Fiscal y Estructural incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. El catálogo incluye reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “cuyo despliegue incrementará el PIB potencial a lo largo del periodo de ajuste”.
Asimismo, incorpora “nuevos compromisos” en materia de política económica “para hacer frente a los nuevos desafíos y retos de la economía española, especialmente en materia de inmigración, vivienda y clima de negocio, que tendrán también un impacto significativo en el crecimiento potencial de la economía durante el periodo de proyección 2025-2031”.
Dentro de las medidas en el ámbito de la Transición Ecológica, recoge la mencionada nota, destacan los “nuevos objetivos más ambiciosos del PNIEC con medidas relacionadas con el almacenamiento energético, el despliegue de renovables, el fomento del autoconsumo y la eficiencia energética”. Asimismo, con el objetivo de “agilizar la electrificación y el despliegue de redes y puntos de suministro eléctrico”, se incluye como nueva medida la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030.
En el ámbito de la Transformación Digital destacan las medidas contenidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales y la reforma del sistema de ciencia e I+D, así como la Estrategia de Inteligencia Artificial.
En el eje de fomento del Capital Humano se enmarcan todas las medidas de política económica dirigidas a “expandir la cantidad y calidad de la oferta laboral en España”. En este ámbito destacan las relacionadas con el mercado de trabajo, como la reforma laboral o la de subsidios, la reforma del sistema de extranjería y la simplificación del sistema de homologación de títulos.
Respecto al impulso del capital físico y la productividad, se incluyen medidas destinadas a expandir el stock de capital instalado en España, así como la mejora de la Productividad Total de los Factores. En este ámbito aparecen medidas orientadas a “mejorar el clima de negocios, reducir las barreras burocráticas de las empresas y las destinadas a expandir el parque de vivienda”.
Finalmente, en el ámbito presupuestario se incluyen actuaciones “que tienen impacto en la sostenibilidad fiscal por la vía de la reducción del gasto más allá del cumplimiento de la regla de gasto y la mejora de la eficiencia del gasto público”.
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