Apagón
El apagón que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal el pasado 28 de abril ha puesto en marcha una maquinaria institucional sin precedentes para aclarar sus causas. El Gobierno ha constituido un Comité de análisis presidido por Transición Ecológica, mientras que organismos como la Audiencia Nacional, la CNMC y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) también investigan lo ocurrido. Con miles de millones de datos en revisión, el Ejecutivo ha solicitado tiempo y prudencia, mientras crecen las presiones políticas y sociales por conocer la verdad.
El Consejo de Seguridad Nacional activó el 30 de abril un comité específico para analizar las circunstancias del apagón. Está presidido por el Ministerio para la Transición Ecológica y coordinado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quien anunció una “auditoría completa sobre el incidente”.
Este comité se compone de representantes de múltiples ministerios, como Defensa, Interior y Transformación Digital, junto a organismos clave como el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
El comité investiga lo ocurrido antes, durante y después del apagón, con la posibilidad de realizar inspecciones in situ y solicitar información a operadores del sistema
El comité se ha organizado en dos grupos de trabajo: uno centrado en la operación del sistema eléctrico y otro en la ciberseguridad y los sistemas digitales. Ambos están coordinados por Transición Ecológica.
La exclusión de empresas como Red Eléctrica, Iberdrola o Endesa del comité fue aclarada por Aagesen, quien recalcó que sí se puede requerir su colaboración técnica puntual.
Las eléctricas, pese a su peso en el sistema, no forman parte del comité, aunque están obligadas a colaborar con sus datos y recursos
El presidente Pedro Sánchez compareció en el Congreso para informar sobre el caso, explicando que se están procesando más de 756 millones de datos recogidos entre las 12:15 y las 12:35 del 28 de abril, cuando se produjo el apagón.
También anunció la creación de comisiones de investigación en el Congreso y el Senado, la última promovida por el PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aseguró estar monitorizando la situación desde el inicio y prepara actuaciones propias dentro de sus competencias como supervisor del mercado eléctrico.
Por su parte, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar si el apagón fue producto de un sabotaje informático. Si se confirma, podría encajar en un delito de terrorismo bajo el artículo 573 del Código Penal.
La Audiencia Nacional investiga un posible ciberataque como origen del apagón, con implicaciones penales muy graves
El organismo ENTSO-E, que agrupa a los gestores de redes de transporte eléctrico de Europa, anunció la creación de un panel de expertos para investigar el “grave incidente” ocurrido en la Península Ibérica. Este grupo remitirá informes periódicos a la Comisión Europea.
Paralelamente, España y Portugal han acordado un grupo de seguimiento conjunto. Las ministras de Energía de ambos países celebraron una reunión por videoconferencia y establecieron un calendario de encuentros semanales para avanzar en las pesquisas.
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