España, en el punto de mira de Bruselas y del Consejo de Europa por la independencia judicial

En los últimos años, la justicia española se ha convertido en un caso de estudio para instituciones europeas y globales que analizan el Estado de derecho. La combinación de un CGPJ bloqueado durante más de cinco años, un sistema de nombramientos muy condicionado por los partidos y una creciente desconfianza social ha activado las alertas en Bruselas y Estrasburgo.

Los informes coinciden en un diagnóstico común: España no atraviesa una crisis institucional grave, pero padece vulnerabilidades estructurales que pueden erosionar la independencia judicial si no se abordan con reformas duraderas.

Bruselas y Estrasburgo coinciden en que el modelo de elección del CGPJ es el principal foco de riesgo

Bruselas vuelve a señalar el modelo del CGPJ como problema de fondo

La Comisión Europea dedica cada año un apartado específico a España en su revisión del Estado de derecho. En su último informe, vuelve a marcar en rojo el sistema de elección de los vocales del CGPJ, un modelo que sitúa la renovación del principal órgano de gobierno de los jueces en el terreno de la negociación política.

Bruselas insiste en que los vocales de extracción judicial deberían ser elegidos directamente por la carrera judicial, de acuerdo con las prácticas que recomiendan los estándares europeos. La Comisión también subraya la necesidad de proteger a los jueces frente a posibles presiones políticas que puedan afectar a su labor y a la percepción pública de imparcialidad.

El bloqueo prolongado del CGPJ es visto fuera de España como un síntoma de debilidad institucional

El Consejo de Europa y GRECO: doce años pidiendo la misma reforma

El Consejo de Europa, a través del grupo anticorrupción GRECO, ha mantenido durante más de una década una recomendación que España sigue sin implementar: que los jueces elijan directamente a los vocales de origen judicial del CGPJ.

GRECO ha llegado a considerar esta falta de reformas como un “problema crítico”. También apunta a la necesidad de mejorar la transparencia en los nombramientos discrecionales, especialmente en tribunales superiores, y de reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés.

GRECO critica la falta de avances y reclama cambios profundos en integridad y nombramientos

Los índices globales detectan un leve retroceso en los contrapesos al poder

A nivel internacional, el World Justice Project sitúa a España en la parte media-alta del ranking global del Estado de derecho, aunque con un retroceso acumulado en indicadores clave como los límites al poder del Gobierno. Este descenso se asocia principalmente a la percepción de que los mecanismos institucionales —incluidos los judiciales— no siempre funcionan como frenos eficaces frente al poder político.

A pesar de esta caída, España sigue lejos de las democracias en crisis profunda. Sin embargo, los analistas del WJP destacan la necesidad de reforzar las barreras institucionales para evitar una erosión continua de la independencia judicial.

Los índices globales detectan un deterioro suave, pero constante, en los contrapesos institucionales

Radiografía comparada de España en los principales informes

La academia advierte de carencias en los nombramientos y en la legitimidad de los órganos judiciales

Los estudios universitarios que analizan los sistemas judiciales europeos coinciden en que el punto débil de España es su modelo de nombramientos. Investigaciones recientes subrayan que el peso de los acuerdos entre partidos puede comprometer la percepción de independencia, incluso cuando los jueces actúan con neutralidad.

La investigación académica alerta de que la legitimidad de un tribunal no depende solo de sus decisiones, sino de cómo se forman sus órganos, cómo se seleccionan sus miembros y hasta qué punto ese proceso está blindado frente a intereses políticos. En España, estos aspectos siguen siendo objeto de controversia y revisión desde hace más de una década.

Para la academia, la independencia judicial exige procesos de selección más transparentes y menos politizados

La percepción social: la influencia política, principal motivo de desconfianza

Aunque la ciudadanía no conoce en detalle el funcionamiento del CGPJ, las encuestas europeas muestran que una parte relevante de los españoles desconfía de la plena independencia judicial. La razón más citada es la influencia de los partidos. Para los observatorios internacionales, esta desconfianza es una señal de alarma: la justicia pierde legitimidad cuando se percibe como un actor dentro de la lucha política.

Este deterioro de la confianza pública no es exclusivo de España, pero se agrava cuando los órganos que gobiernan la judicatura pasan años en funciones o bloqueados. La polarización política termina permeando la percepción de quienes juzgan y de cómo se juzga.

Qué reformas señalan los organismos internacionales

Las recomendaciones convergen de manera clara:

– Cambiar el sistema de elección del CGPJ para dar más peso a la carrera judicial. – Reforzar la transparencia y los criterios objetivos en los nombramientos de la cúpula judicial. – Asegurar un mayor blindaje de la autonomía del fiscal general del Estado. – Adoptar plenamente los estándares del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para los consejos de la judicatura.

Los informes internacionales insisten en que España no sufre una crisis judicial comparable a la de otros países europeos, pero sí arrastra riesgos estructurales que requieren reformas sostenidas. El reto no es solo mejorar las instituciones, sino recuperar la confianza de una ciudadanía que observa la justicia como un terreno cada vez más expuesto a la lógica partidista.

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