España emitirá bonos verdes en la segunda mitad del año

El Tesoro Público prevé realizar una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros en el año 2020, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones emitidos a cierre de 2019.

Así lo ha explicado el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, en la rueda de prensa para presentar la Estrategia de financiación del Tesoro para 2020, en la que ha explicado que la previsión es “prudente, continuista y conservadora” y que la intención es poder anunciar una reducción de las emisiones reales en términos netos, tal y como sucedió el año pasado.

San Basilio ha indicado que en principio las cifras no deberían cambiar con motivo de la presentación de los Presupuestos de 2020, ya que se han elaborado conforme a la senda de consolidación y estabilidad presupuestaria, por lo que espera que la previsión se mantenga o incluso se pueda reducir. En las cifras se incluye el préstamo de la Seguridad Social de 13.800 millones y está pendiente de cuantificarse las necesidades de financiación de las comunidades autónomas.

La estrategia del Tesoro contempla una emisión bruta de deuda pública de 196.504 millones para este año, un 6,2% menos que la estrategia de 2019 y prevé obtener toda la financiación neta a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo.

En detalle, la emisión neta a medio y largo plazo será de 32.500 millones, un 7,1% menos, con una bruta en esos plazos de 117.469 millones, un 7,5% menos. Las amortizaciones previstas son de 84.969 millones, un 7,6% menos. En cuanto a las letras, la emisión bruta prevista ronda los 79.935 millones, un 4,3% menos, con unas amortizaciones en el mismo nivel.

El organismo cerró el programa de emisiones de 2019 con una emisión neta de 19.960 millones de euros, un 42,9% inferior a la estimada a principios de ese año y la menor desde 2007, al tiempo que la emisión bruta se redujo un 9,5%, hasta 192.814 millones de euros, la menor desde 2011. Las menores necesidades de financiación permitieron un ahorro de 2.371 millones de euros.

La previsión de emisión neta se produce en un contexto de necesidad de reducción del déficit público, que debe de pasar del 2% del PIB estimado en 2019 al 1,1% fijado para este ejercicio. Entre tanto, la deuda pública deberá disminuir desde el 95,9% del PIB calculado por el Ejecutivo en 2019 a la meta del 94,6% del PIB fijada para el nuevo ejercicio.

Estas cifras hay que tomarlas “con cierta precaución”, ha explicado San Basilio, al recordar que son las recogidas en el borrador de presupuesto y las definitivas serán las que se incorporen con motivo de la nueva senda de estabilidad presupuestaria y los nuevos Presupuestos.

Según San Basilio, la ratio de deuda pública cerrará 2019 en torno al 96% del PIB y se continuará con la consolidación y las cifras definitivas vendrán determinadas por factores como las preamortizaciones por parte de las comunidades autónomas y la evolución de los tipos de interés, que el año pasado finalmente continuó su senda descendiente.

Respecto a la emisión de bonos verdes, ha indicado que se facilitará que haya otros inversores privados que emitan bonos verdes, y se conseguirá la señalización de un compromiso, la ampliación de base de inversores y reducción de costes de financiación a medio y largo plazo, al tiempo que se refuercen los incentivos para el desarrollo de un mercado de bonos verdes.

La intención es que sea un bono a 20 años y se pueda emitir en la segunda parte del año y la emisión sería similar a la de otros bonos a medio plazo, una primera emisión mediante sindicación y posteriormente se habría mediante subastas, con un formato homologable de bonos verdes emitido por soberanos en los últimos años.

El objetivo es que sea una referencia, para lo que el volumen mínimo que debería alcanzar sería unos 10.000 millones, aunque esta es una meta para los próximos años tras reabrirse el bono en las próximas subastas, ha precisado San Basilio.

Esto formará parte del compromiso de una financiación “masiva” en materia verde en los próximos años, que se prevé de 236.000 millones en la próxima década, de los que la inversión pública será de 47.000 millones, en parte por bonos verdes.

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