En 2014, España externalizó la toma de muestras para la realización de análisis de control de dopaje, que hasta entonces era responsabilidad de la propia administración. Aquel primer concurso llegó a los tribunales y paralizó durante un año la lucha antidoping en el deporte español según los estándares mundiales.
El conflicto se dio cuando la alemana Professional Worldwide Control (PWC) ganó a la propuesta de la sueca International Doping Test Management (IDTM), empresa especialista y líder en el sector. Esta última sociedad recurrió la adjudicación a PWC de un contrato de más de 900.000 euros para un año, denunciando un trato discriminatorio, que PWC no reunía los requisitos del contrato y que el sistema de puntuación era incorrecto.
Desde esa denuncia, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), organismo encargado de la licitación, decidió anular la adjudicación a PWC y ponerlo en manos de su competidora. Ante este movimiento, fue la empresa alemana la que recurrió ante la justicia la adjudicación del servicio a IDTM.
Las denuncias cruzadas devinieron en un conflicto enquistado en el sector, como se resume en este artículo de El Confidencial. Hoy, dos años después, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte confirma que PWC se ha hecho con la adjudicación de la realización de pruebas de sangre y orina, un sector en el que la sueca IDTM es considerada líder.
El anuncio que hoy contiene el BOE adjudica el “servicio de toma de muestras para la realización de análisis de control de dopaje” por 748.000 euros a PWC, por presentar “la oferta más ventajosa”.
Por otro lado, el BOE de este 2 de enero recoge una millonaria adjudicación a otra de las grandes de la consultoría: en este caso, Deloitte se hace con la “encuesta domiciliaria de movilidad en día laborable de 2018 en la Comunidad de Madrid”, otorgada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y que la región repite aproximadamente cada diez años.
“El objetivo de las encuestas es conocer de manera pormenorizada información esencial en un día laborable sobre los principales patrones de movilidad y la evolución de los mismos, mejorando así los futuros proyectos que llevara a cabo el Consorcio en la red del transporte público regional”, informaba la Comunidad de Madrid hace unos meses al anunciar el concurso. El contrato se financiará con 2.432.100 euros para los años 2017, 2018 y 2019, con un plazo de ejecución de 20 meses.
Las ganadoras son Investigación, planificación y desarrollo, S.A. y Deloitte consulting,S.L.U; ambas conforma una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Según el BOE, las ventajas de la oferta adjudicataria son “haber presentado la proposición más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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