Energía Nuclear
El debate sobre la continuidad de la energía nuclear vuelve a polarizar la agenda internacional. Madrid sostiene que un parque 100% renovable es viable y más competitivo; Washington, por su parte, busca “liderar el mercado global” reduciendo trámites, límites radiológicos y plantillas de la Nuclear Regulatory Commission (NRC). La discusión trasciende la seguridad o la descarbonización: coloca sobre la mesa la autonomía estratégica, el coste de la electricidad y la aceptación social.
El Gobierno aprobó en enero de 2025 el calendario definitivo de cierre: Almaraz I (2027), Almaraz II (2028), Ascó I y Cofrentes (2030), Ascó II (2032) y Vandellós II junto a Trillo (2035). El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) actualiza el objetivo de cubrir ese hueco con 86 GW de eólica y solar, más almacenamiento y redes de respaldo.
El sector nuclear, representado por Foro Nuclear, replica que los siete reactores aportaron el 19,9% de la electricidad en 2024 —un 26% si solo se cuentan fuentes libres de CO₂— y mantuvieron la generación continua durante el “cero nacional” del 28 de abril.
Sin interconexiones adicionales —hoy un 2,8% con Francia—, el operador del sistema Red Eléctrica advierte de un repunte del gas si las renovables no llegan a tiempo
El 23 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas que obligan a la NRC a resolver licencias en 18 meses, revisar los límites de radiación “según evidencia científica” y priorizar uranio de origen nacional.
La Casa Blanca justifica la reforma en la necesidad de alimentar los centros de datos de la IA y reducir la dependencia de Rusia y China en el suministro de combustible. Sin embargo, expertos de la Universidad de Stanford y el exsecretario de Energía Ernest Moniz alertan de que diluir la independencia del regulador puede “comprometer la seguridad y la confianza pública”.
El paquete incluye reducir la plantilla de la NRC “al mínimo operativo” y acelerar la implantación de reactores modulares pequeños (SMR) para exportación
Producción y cuota: Los 7 117 MW nucleares españoles generaron 52 391 GWh en 2024; en EE UU operan 93 reactores que cubren el 18,2% del mix y suman 96,5 GW.
Precio nivelado (LCOE): La AIE sitúa los nuevos reactores en 110 – 180 €/MWh frente a 40 – 65 € de la fotovoltaica utility-scale, aunque la vida útil de las nucleares duplica a la solar.
Huella de carbono: El ciclo completo nuclear emite una media de 12 g CO₂/kWh, similar a la eólica e inferior al gas (450 g), pero genera residuos de muy alta actividad que exigen gestión durante siglos.
Foro Nuclear defiende ampliar la vida de los reactores a 60 años, como hacen Francia o EE UU, para “evitar volatilidad de precios y dependencia externa”. NRC afirma que la nueva directiva presidencial “no comprometerá los estándares de seguridad”, aunque los sindicatos denuncian recortes de 1 200 ingenieros. EDF celebra la entrada en servicio del EPR de Flamanville y ve “más factible” exportar esa tecnología a España si replantea el apagón.
Las ONG Greenpeace España y Ecologistas en Acción subrayan que los reactores españoles tienen una edad media de 39 años, “con tuberías y vasijas sometidas a fatiga”, y que los rescates públicos para la gestión de residuos superarán los 24 000 millones de euros.
En EE UU, Beyond Nuclear critica que los límites radiológicos se relajen “justo cuando la NRC reconoce problemas de envejecimiento en 31 unidades”. Los colectivos pronucleares, en cambio, recuerdan los 500 empleos directos por reactor y la estabilidad de la base carga.
Francia: conecta el EPR de Flamanville y planea 14 reactores más antes de 2050.
Alemania: un año tras el cierre, la red se mantiene estable y los precios bajan un 16%, aunque el Bundesnetzagentur admite un aumento de importaciones en picos invernales.
Reino Unido: el Gobierno aporta 2 700 millones de libras a Sizewell C y ultima un programa de SMR con Rolls-Royce para 2026.
Todas las estrategias coinciden en que la aceptación social será decisiva: el 61% de los españoles rechaza prolongar la vida de los reactores (CIS, marzo 2025), frente al 58% de apoyo en EE UU (Pew Research). España construirá un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en 2030, aún sin ubicación. En EE UU, Yucca Mountain sigue bloqueado y la Administración propone minialmacenes regionales.
El pulso entre la apuesta desreguladora de Estados Unidos y el apagón planificado de España revela dos visiones contrapuestas sobre la descarbonización y la soberanía energética. Mientras el Gobierno español se fía de la caída de costes renovables y la integración ibérica, la Casa Blanca prioriza una industria estratégica capaz de exportar tecnología. El resultado será un laboratorio a escala global sobre precios, emisiones y seguridad que condicionará la política europea en la próxima década.
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