Vía de tren
La crisis y la contracción del Estado han empujado las infraestructuras españolas a la – presunta – virtud de la austeridad en los últimos nueve años. Acostumbradas muchas de ellas al defecto de la ostentosidad – e inutilidad – que promovieron las administraciones públicas durante la primera década de este siglo, decenas de infraestructuras han quedado ahora fosilizadas en un plan que castiga, principalmente, a los ciudadanos.
Carreteras a medio hacer, trenes que no llegan y Cercanías que se alejan. El Gobierno de España ha pasado de invertir 14.325 millones de euros en Infraestructuras (año 2010) a 5.411 millones de euros (año 2018) en tan solo ocho años. Los presupuestos rechazados este miércoles contemplaban, precisamente, un aumento de 2.161 millones (un 39,9%) en esta partida.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguraba que la formulación y la planificación de las infraestructuras responden a objetivos de cohesión social y territorial y para que sirvan de motor dinamizador de la economía, en condiciones de sostenibilidad medioambiental y social, todo ello en un marco de consolidación fiscal y de rentabilidad socio-económica.
Sin embargo, el marco que rige actualmente la política de infraestructuras, el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, no ha conseguido revertir la predominancia del transporte por carretera (camiones) sobre el ferroviario, provocando costes medioambientales superiores a otros modelos con mayor eficiencia energética.
La planificación estratégica de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo de competencia estatal se enmarca tanto en el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) como en la Estrategia Logística de España.
En 2018, las inversiones ferrocarriles supusieron el 50% del dinero dedicado a las infraestructuras, las carreteras cerca del 20% y las hidráulicas el 8% del presupuesto total.
El Gobierno abogaba por ejecutar durante 2019 actuaciones en los campos de la prevención de la contaminación y el cambio climático, la protección y mejora del medio ambiente, planes estratégicos de defensa del patrimonio natural y la biodiversidad, la gestión y planificación del agua a través del mantenimiento y modernización de las estructuras existentes, la mejora de la depuración de las aguas residuales y el buen estado ecológico de las masas de agua y los ecosistemas asociados.
No obstante, la negativa a los presupuestos generales tumba esas expectativas.
La eliminación de Tramos de Concentración de Accidentes, definir una red básica de carreteras convencionales, dotación de plataformas reservadas para el transporte público, acondicionamiento de paradas de autobús en la Red de Carreteras del Estado, aumento del número de carriles en autopistas y completar la red ferroviaria de alta velocidad y mejorar la red de Cercanías eran otros de los objetivos marcados por el Ministerio de Fomento.
La patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, aseguró hace unos meses que España arrastra un déficit de inversión en infraestructuras “prioritarias con un gran impacto social” de 114.000 millones de euros.
Por tipo de infraestructura, considera que las relacionadas con la movilidad y el transporte son las que sufren mayor falta de inversión: 84.546 millones.
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