Silla de ruedas
UGT considera «urgente reconfigurar la Ley de Dependencia para que responda a las necesidades de las personas» y avisa de que «los recortes han provocado el retorno a un sistema asistencialista» por lo que apuesta por revertirlos.
Así lo ha defendido este sábado el sindicato, cuando se cumplen 13 años de la aprobación de La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España.
Para UGT, esta norma «marcó un hito» en los servicios sociales y en la política social, y fue fruto del acuerdo del diálogo social entre el gobierno, sindicatos y empresarios. «A lo largo de estos últimos el sector ha sufrido un proceso de recortes que ha provocado el retorno a un sistema asistencialista perdiendo, entre otras cosas, la universalidad en el acceso o la atención a las personas de forma integral e integrada», indica.
En este sentido, el sindicato añade que a la «pérdida sucesiva» de financiación del sistema «se unió, en detrimento de la calidad de la atención, una reducción de las prestaciones de carácter económico»; una reducción en la intensidad de los servicios y el descenso de las horas de atención y cuidado, aumentando la aportación del beneficiario al sistema. «Se paga más para una cobertura más deficiente», sostiene.
En este contexto, UGT plantea al Gobierno la necesidad de derogar el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que aprobó el Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy.
El sindicado ve necesario además garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, y aumentar la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías establecidas «antes de su reducción por las medidas de reajuste impuestas para la rebaja del déficit público y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra».
Desarrollar la figura del asistente personal, encuadrando la relación laboral en el régimen general de la seguridad social y una cualificación profesional y formativa adecuada, es otra de las reivindicaciones del sindicato.
También aboga por «establecer mecanismos que aseguren la sostenibilidad económica de la ley, que garantice los niveles de protección del sistema e instaure un nuevo marco de cooperación interadministrativa; revisando el sistema de financiación».
«Con la esperanza puesta en unos presupuestos correctores de las desviaciones producidas por la ley; prima dar una respuesta inmediata a los miles de ciudadanos que necesitan una atención integral y de calidad», concluye UGT.
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