Residencia de ancianos
La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) ha lamentado que el cómputo de víctimas en residencias de ancianos, colectivo no productivo desde el punto de vista económico, vaya a retrasar en Castilla y León el proceso de desescalada, el paso de la fase 0 a la 1.
En una nota de prensa, la CVE se pregunta «cómo quedaría la tasa de enfermos de las diferentes áreas de salud si en su cálculo se excluyeran los datos de focos de riesgo como pueden ser las residencias de ancianos puesto que no es sociedad productiva que vaya a incorporarse a puestos de trabajo».
Estos empresarios «sospechan» que el número de fallecidos por Covid-19 en residencias son los que están provocando que los datos de las áreas de salud estén por encima del criterio que se ha marcado la Junta de Castilla y León.
La Confederación asegura que está alineada «con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos, pero tener criterios más restrictivos y avanzar de forma más lenta que otras comunidades autónomas en la desescalada, va a traer graves consecuencias para nuestra economía en términos de pérdida de competitividad, dejando a nuestras empresas en clara desventaja frente a otras comunidades autónomas, acompañado, previsiblemente de un incremento de empresas cerradas y ciudadanos en el desempleo».
Y ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, que da por hecho que pasará a la fase 1 al haber contratado a más sanitarios y técnicos, además de haber aumentado su capacidad para hacer pruebas PCR; la Comunidad Valenciana, que ha solicitado que pasen los 14 departamentos que se quedaron fuera y que incluyen sus tres capitales de provincia; Andalucía, confía en que Málaga y Granada se incorporen a la fase 1 junto al resto de las provincias de la comunidad y va a reclamar que la autonomía pueda pasar al completo a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo; y Castilla-La Mancha, que espera que Albacete, Ciudad Real y Toledo se incorporen a la fase 1.
«Por el contrario, en Castilla y León se están aplicando criterios más restrictivos, desescalando por zonas básicas de salud en lugar de por provincias, y sólo se pedirá avanzar en aquellas con tres o menos casos por 10.000 habitantes y uno o ninguno la última semana», añaden.
Así, la CVE considera prioritario que la administración «nos permita avanzar en la desescalada y activar la economía, y para ello, la Junta de Castilla y León debería dejar de aplicar medidas pasivas para combatir la pandemia, como puede ser el mantener confinada a la sociedad e hibernar la economía, y comenzar a aplicar medidas activas que garanticen la salud de las personas».
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