Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
En un auto al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Octava de la Sala Contencioso Administrativo ha acordado la medida cautelar solicitada a través de la consultora jurídica Mobility Think Tank sobre la Resolución de 11 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que recogía este cronograma.
La resolución impugnada implica que aquellos titulares de autorizaciones VTC en la Comunidad de Madrid que no hubiesen acreditado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su obtención y mantenimiento dentro del período que en cada caso les corresponde dejarían de estar habilitadas para realizar transporte urbano de viajeros en la región.
En concreto, establecía un calendario para acreditar estos requisitos durante el año 2025 en función del número de terminación de su Número de Identificación Fiscal. Junto a esta resolución, también ha sido impugnado el reglamento de la Comunidad de Madrid –Decreto autonómico 5/2024–.
En el auto, notificado el pasado 7 de febrero, se atiende la medida cautelar solicitada al verse «de facto» compelidos los titulares de autorizaciones, o futuros titulares, a acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos en este año sin que exista sentencia sobre el decreto, «siendo claramente irreversible al haberse tenido que cumplir».
«Tratándose de acreditar requisitos, lo cierto es que el cumplimiento de tal obligación, al finalizar el proceso, ya se habría realizado y sería claramente irreversible habiéndose tenido que cumplir la repetida obligación sin tener la misma cobertura jurídica», se indica en el auto. «Y ello más allá de que las tasas abonadas fueran susceptibles de devolución, lo que no parece ser la preocupación fundamental de la recurrente al instar la tutela cautelar», se añade.
Igualmente, se alude al hecho de que los titulares de autorizaciones VTC obligados a cumplir con el calendario fijado en la Resolución han desarrollado ya en 2024 la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor con autorizaciones de ámbito nacional y, por tanto, controladas por la autoridad nacional, lo que permite descartar, de entrada, «una posible afectación de los derechos y garantías de eventuales usuarios de esta modalidad de transporte».
El auto también indica que la resolución recurrida «no se limita a establecer un simple calendario de actuaciones para los interesados, sino que el cumplimiento de este calendario va indisolublemente unido a la obligación de acreditación de determinados requisitos» que están en esté y en otro proceso seguido ante esta Sala.
«La irreversibilidad de las actuaciones a realizar para cumplir de dicho calendario y para dicha acreditación aconsejan la adopción de la medida cautelar solicitada durante la tramitación de este recurso», se apunta en el texto.
El auto establece que la suspensión cautelar se mantendrá hasta «que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso o hasta que éste finalice por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y sin perjuicio de su modificación o revocación, si cambiaran las circunstancias». Contra el mismo se puede interponer recurso de casación, previo recurso de reposición a interponer ante esta misma sala.
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