La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio
El escrito se presenta después de que el pasado 8 de junio la Asamblea quedara constituida tras las elecciones del 4 de mayo. Una vez se certifique el aforamiento, el TSJM decidirá sobre la admisión o no de la querella.
El hecho de que se acredite su condición de parlamentaria autonómica le da el aforamiento para que el caso se siga en la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y no en un juzgado ordinario.
La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea por presunta falsedad documental y estafa. Aparte de la denuncia que cursó Más Madrid a principios de año, se presentó otra por los mismos hechos y delitos presentada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y que se ha acumulado al procedimiento.
Las diligencias de investigación las asumió la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que la también presidenta de Vox Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica, recoge Europa Press.
Más Madrid denunció la supuesta “falsificación” de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas “irregularidades” que no estaría prescrito. Según publicó ‘El País’, la líder de Vox en Madrid utilizó un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de obra del loft de Valls de 2005 y, al parecer, seguiría usando ese sello en más trámites hasta 2016.
En la denuncia de Más Madrid se detallaba que era un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento.
“Posteriormente en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente. Si Hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito, pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos que aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años”, exponían.
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