Airbnb
Airbnb deberá abonar la multa tras el auto judicial, aunque todavía puede presentar recurso. La decisión refuerza la ofensiva del Ministerio de Derechos Sociales contra irregularidades en el alquiler turístico.
El TSJM obliga a Airbnb a pagar una multa millonaria tras rechazar su recurso cautelar
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de Airbnb y obliga a la compañía a pagar 64.055.311 euros, cantidad que equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por las prácticas sancionadas.
La plataforma había logrado previamente suspender de forma temporal el pago, pero el nuevo auto levanta esa medida. No obstante, Airbnb puede presentar un recurso de reposición ante la misma instancia judicial.
El origen de la sanción está en la detección por parte de Consumo de 65.122 anuncios con irregularidades, que fueron retirados de la plataforma en julio de 2025.
Consumo detectó miles de anuncios sin licencia o con información falsa en Airbnb
El ministerio considera que Airbnb incurrió en prácticas comerciales desleales, al permitir:
Estas prácticas vulneran normativas autonómicas y constituyen publicidad engañosa, según el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Además de la multa principal, Consumo ha impuesto varias sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la investigación.
| Infracción | Sanción | Motivo |
|---|---|---|
| Falta de información sobre anfitrión | 10.000€ | Incumplimiento contractual |
| Obstrucción a la inspección | 10.000€ | Falta de respuesta a requerimientos |
| Incumplimiento de medidas provisionales | 55.000€ | Riesgos para consumidores |
Estas sanciones responden a la falta de colaboración de la plataforma durante el proceso y a incumplimientos de obligaciones legales en contratos a distancia.
El Ministerio de Consumo mantiene abiertos varios expedientes contra grandes gestoras de pisos turísticos desde diciembre de 2024.
Consumo amplía el foco a otras empresas del alquiler turístico
Según el departamento, estas prácticas podrían estar generando riesgos generalizados para los consumidores, lo que ha motivado un refuerzo de la supervisión en el sector del alquiler turístico en España.
El caso de Airbnb se sitúa como una de las mayores sanciones impuestas en el país por irregularidades en plataformas digitales de alojamiento.
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