Edificio de viviendas
Así consta en una resolución en la que los magistrados conceden a la administración regional un plazo de veinte días para remitir el expediente que resuelve la solicitud de Rivas de ser declarada zona de mercado residencial tensionado.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha subrayado que «siempre» van a defender los derechos de la ciudadanía ripense, haciendo todo lo que esté en sus manos para garantizar su acceso a la vivienda.
El Ayuntamiento remitió el pasado 11 de diciembre un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid instando a su Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a cumplir con la normativa vigente y poner en marcha el procedimiento de declaración del municipio como zona tensionada.
Como respuesta, la Comunidad de Madrid ignoró este requerimiento, según el Ayuntamiento ripense, por lo que el equipo de gobierno local consideró que se estaba incumpliendo la «obligación de aplicar la ley y dejando en una situación de indefensión a la ciudadanía» de la localidad.
Desde el Gobierno regional señalaron que la Comunidad de Madrid, pese a oponerse a la Ley estatal de Vivienda, «aplica en todos los artículos que son de carácter obligatorio». Sin embargo, no es el caso de las zonas tensionadas, ya que tiene carácter potestativo, es decir que, que está en manos de las Comunidades Autónomas aplicarlas o no.
En cambio, la regidora de Rivas defendió que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «no puede decidir qué leyes aplica y cuáles no». «Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal», expuso.
«Desde el Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero exigimos que el Gobierno regional asuma también su responsabilidad y deje de boicotear soluciones que buscan aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía», prosiguió.
Rivas solicitó formalmente el 25 de septiembre de 2024 que el municipio fuese declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, al considerar que cumplía con los requisitos recogidos en la Ley estatal de Vivienda. La Comunidad de Madrid rechazó iniciar el procedimiento argumentando, según el Ayuntamiento, que había recurrido la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional.
El Consistorio de la localidad defiende que la interposición de un recurso no suspende la aplicación de la ley, «que sigue siendo de obligado cumplimiento, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional ha rechazado ya la mayor parte de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda».
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