Luis Bárcenas, extesorero del PP
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ del PP la reforma de la sede nacional del partido ha decidido este martes suspender el juicio durante una semana para dar tiempo a uno de al exgerente del PP Cristóbal Páez a recuperarse totalmente del covid-19 antes de iniciar su interrogatorio y el del resto de los acusados.
Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, al final de la segunda sesión de la vista oral, aceptando así la petición formulada por la defensa de Páez y a la que no se ha opuesto ninguna de las partes presentes en el procedimiento.
La decisión se ha tomado una vez que ha concluido el trámite de cuestiones previas, que da paso al interrogatorio de los acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exgerente del partido Cristóbal Páez.
Debido a que este último comunicó la semana pasada que había contraído el covid-19 –por lo que ha seguido las dos primeras sesiones de la vista oral por videoconferencia desde su domicilio– el tribunal ha acordado suspender el juicio hasta el martes que viene, 16 de febrero.
«Hay que respetar su derecho a la defensa y su derecho a comparecer en este tribunal», ha explicado el magistrado Mora Alarcón, que ha añadido que en cualquier caso, la defensa de Páez deberá acreditar el próximo lunes si su cliente se encuentra con «capacidad de salud para comparecer ante esta Sala». En caso contrario, la reanudación de la vista oral podría volver a posponerse.
En este procedimiento, en el que se analiza si se usó dinero de la presunta caja ‘b’ del PP para sufragar la remodelación de la sede la formación política, la Fiscalía Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel. Las acusaciones populares solicitan penas más elevadas.
Por estos hechos también están acusados Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Asimismo, se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.
En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.
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