Tribunal Supremo
Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por Europa Press recuerdan que la euroorden contra Puigdemont nunca se desactivó, y apuntan que la inmunidad del exdirigente catalán fue retirada por el Parlamento Europeo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantuvo esa retirada hasta que se resolviera el recurso presentado por Puigdemont.
En cambio, para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su cliente ha sido detenido cuando acudía a un acto en calidad de eurodiputado. Y apuntaba en un ‘tuit’ que la detención se produce «en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal –según establece el Estatuto del TJUE–, se encuentra suspendida».
Pero las fuentes consultadas recuerdan que todas las ODEs siguen vivas en todos los territorios de Europa y que además la cuestión prejudicial planteada por Llarena al TJUE no influye en este caso porque solo se refería a aclarar una cuestión concreta sobre la decisión que adoptó Bélgica, y que nada tiene que ver con lo que vaya a hacer Italia.
Con esa cuestión prejudicial, Llarena buscaba que el TJUE determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED). Reaccionaba a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar al conseller Puig a España.
Llarena pretendía que el TJUE arrojara luz sobre la Decisión Marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, «pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa».
Pero las fuentes consultadas recuerdan que en la cuestión remitida al TJUE, Llarena dejaba claro que ni si quiera en el caso de Bélgica –país donde permanecía huido Puigdemont– se suspendía la euroorden, sino que lo dejaba al libre albedrío de las autoridades belgas competentes.
«Dado que la presente cuestión prejudicial condiciona la información complementaria que deberá remitirse en los procesos de decisión actualmente en curso, como condiciona también la actuación subsiguiente a su resolución, comuníquese el planteamiento de la cuestión perjudicial a las autoridades judiciales de ejecución para que tengan constancia de esta y a los efectos que resulten oportunos», indicaba entonces.
Desde el Consell per la República Catalana –al que pertenece Puigdemont– han lanzado un comunicado en el que señalan que la detención en Cerdeña es contraria a la doctrina del TJUE, «de acuerdo con la que la euroorden de octubre de 2019 que ha activado esta detención está suspendida». «Por tanto, estamos ante una detención ilegal», añaden.
Apuntan que ponen en marcha su maquinaria jurídica «para que la legalidad se imponga ante las maniobras del TS contra el derecho europeo para que el president sea liberado de manera inmediata».
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