East facade of the Spanish Court of Accounts' seat, at 81 Calle de Fuencarral (street) in Centro district in Madrid. Building from 1863.
La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, se ha pronunciado así después de que el pasado 17 de noviembre terminara el juicio con la incógnita de si estimaría o no la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender el procedimiento por la proposición de ley que presentó el PSOE en el Congreso.
Los republicanos alegaron que era “altamente probable” que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía “acarrear cargas procesales innecesarias”. Según una breve nota informativa remitida por el Tribunal de Cuentas, la consejera fundamenta la resolución denegatoria de suspender el procedimiento en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.
Cabe recordar que durante la vista del 17 de noviembre, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana mostraron su oposición a que se suspendiera el procedimiento. El representante del Ministerio Público aseguró que se tenía que oponer porque la suspensión no se podía “subordinar a un acontecimiento futuro”. La consejera ha coincidido con la Fiscalía y ha visto pertinente desestimar el argumento de los de ERC y continuar con el procedimiento, según Europa Press.
En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones (a los que se sumó más de un millón en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
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