East facade of the Spanish Court of Accounts' seat, at 81 Calle de Fuencarral (street) in Centro district in Madrid. Building from 1863.
A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la delegada instructora Esperanza García Moreno ha señalado que el plazo concedido, que es «superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general» es «razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado».
Contra la resolución con fecha 15 de julio cabe recurso ante la Sala de Justicia de este Tribunal a interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación, sin que ello implique la suspensión de las actuaciones. Según fuentes consultadas, este escrito habría sida notificada este mismo lunes, por lo que el vencimiento se produciría este viernes.
La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos –entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras– para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.
En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).
La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.
Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press insistieron en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.
Mientras avanzaba el plazo, llegó al órgano fiscalizador el recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la fianza reclamada. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pidió que se anulara la caución al considerar que «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» que «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas».
Añadió que, en el caso de que no fuesen acogidas sus pretensiones, se ampliara el tiempo otorgado para el pago de la fianza y que se aclarara cómo la instructora había llegado a determinar el importe.
En este procedimiento también consta el recurso interpuesto por la defensa del expresidente catalán Artur Mas, quien alegó indefensión por una «irregular» tramitación de diligencias, pidió anular la liquidación provisional hasta que se resolviese su petición y reclamó suspender el plazo para abonar la fianza.
Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.
Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones –Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes– para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.
Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, al que por turno le correspondió este asunto.
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