East facade of the Spanish Court of Accounts' seat, at 81 Calle de Fuencarral (street) in Centro district in Madrid. Building from 1863.
Así consta en el escrito del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda abrir la pieza de Acción Pública con la información aportada por los socialistas. Ante esta decisión cabe recurso en los cinco días siguientes a la notificación.
En este documento se reclama al PSOE –concretamente a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar– que individualice los supuestos de responsabilidad contable de la Comunidad en su labor de intervención, administración, custodia o manejo de bienes, caudales o efectos públicos.
Los socialistas se apoyaron en una información de eldiario.es que apuntaba a que entre 2017 y 2023 se habría dejado de apuntar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en coste por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados.
El motivo, según apunta este medio en base a un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección, es “no encontrar documentación de la actividad clínica”, según la citada agencia.
Los socialistas han confirmado que se personarán en esta causa. El líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que “los regalos” de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a estos grupos sanitarios “no van a quedar impunes”.
“Para que se entienda mejor: mientras se riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en lista de espera”, ha lanzado en sus redes sociales.
Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Mar Espinar celebra que el Tribunal de Cuentas de “un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable” del Gobierno regional al “perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar”.
El PSOE en el escrito inicial de febrero al Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, recoge la noticia de eldiario.es sostiene que en el análisis de las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid en varios ejercicios “no aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc”.
Sostienen que si esos 71 millones hubieran generado un “derecho contable” debería aparecer en le Cuenta General y consideran que el hecho de que no aparezca es “o un error o una ocultación”.
“Además, es la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid la que ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que los apuntes seas válidos en los ‘balances intercentros’; sin embargo, no se ha estandarizado la gestión de datos en los hospitales de gestión pública” apostilla.
Esto explica, argumentan los socialistas, que no se pueda facturar ni a Quirón ni a Ribera Salud por los servicios prestados a los pacientes procedentes de los hospitales de las concesionarias.
Es por ello que han pedido que se determine el saldo deudor o la ausencia de numerario o justificación de las cuentas así como la existencia de entidades públicas perjudicadas por los daños que se hubieren causado a los fondos públicos de manera que pueda iniciarse, en su caso, la reparación presupuestaria que afecta a los gastos e ingresos públicos.
Por su lado, desde la Consejería de Sanidad explicaron en febrero que el informe al que se hace referencia “no es un informe oficial” sino “un documento interno de trabajo descontextualizado” y cuya interpretación “no refleja la realidad asistencial ni económica”, ya que los datos corresponden a un volcado informático preliminar “que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles”.
Según detallaron entonces a Europa Press desde el departamento que dirige Fátima Matute, “no existe falta de documentación”. “La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías –Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan–, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada”, han remarcado
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