Tribunal de Cuentas
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de campaña de las elecciones generales de julio de 2023 ha puesto en el punto de mira la financiación de Vox.
En concreto, el organismo denuncia que no ha recibido la documentación obligatoria por parte del banco húngaro MBH, con el que el partido liderado por Santiago Abascal contrató un crédito millonario.
La falta de información impide al Tribunal verificar si la operación respeta la ley que impide a los partidos políticos españoles recibir fondos de entidades extranjeras vinculadas a gobiernos.
Vox financió su campaña electoral de julio de 2023 con seis millones de euros procedentes de un crédito de 6,5 millones suscrito con la entidad MBH. Este banco húngaro ha sido vinculado públicamente al primer ministro Viktor Orbán, quien mantiene una relación política cercana con Vox a través del grupo europeo Conservadores y Reformistas (ECR).
El problema, según el Tribunal de Cuentas, es que MBH no ha remitido la información exigida por la ley, incumpliendo el artículo 133.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicha norma obliga a las entidades financieras que otorgan créditos a partidos a enviar una comunicación «detallada» sobre la operación en un plazo de entre 100 y 125 días tras las elecciones.
El Tribunal advierte que, ante la falta de colaboración del banco húngaro, no puede acreditar si MBH está participada directa o indirectamente por entidades públicas extranjeras
La legislación española, a través del artículo 7.2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, prohíbe explícitamente recibir fondos de gobiernos, organismos o empresas públicas extranjeras, así como de empresas relacionadas con estos. Sin información clara del banco MBH, el Tribunal no puede confirmar si Vox ha vulnerado o no esta prohibición.
La conexión política entre Vox y el gobierno de Orbán, así como la falta de transparencia del banco MBH, alimentan las dudas sobre el cumplimiento de la legalidad en esta operación financiera
Este asunto fue una de las claves que llevó al PSOE a presentar en diciembre de 2023 una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Vox por posible financiación ilegal. La causa se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La falta de respuesta del banco MBH genera incertidumbre sobre la legalidad de la financiación recibida por Vox. Aunque el partido ha reconocido públicamente el origen del crédito, la ausencia de documentación oficial impide cerrar la investigación del Tribunal de Cuentas, que ha dejado constancia de esta limitación en su informe final.
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