Tribunal Constitucional
Fuentes consultadas por Europa Press indican que, tras acordarse la recusación de Macías –aprobada en el primer Pleno del año–, la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de amnistía, que había recaído en el magistrado conservador, se ha adjudicado «por turno» a la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán.
La nueva ponente ha solicitado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, la creación de un grupo de trabajo para «ponerse a trabajar de forma inmediata» en un primer borrador de la sentencia sobre la impugnación ‘popular’. El grupo de trabajo se ha constituido con seis letrados del TC, a los que se les ha dado un plazo orientativo de entre dos y tres meses para emitir informe, precisan las citadas fuentes.
El presentado por el PP es el recurso que marcará el camino a los demás recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía –un total de 15–, mientras que la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS) será el ‘asunto cabecera’ para este otro tipo de impugnaciones, que suman cuatro en total, ya que hay otras tres lanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ).
La cuestión de inconstitucionalidad del Supremo está a cargo del magistrado conservador Ricardo Enríquez que, de acuerdo con las fuentes jurídicas, no ha solicitado medidas auxiliares para elaborar la ponencia, más allá de las habituales, que siempre pasan por los letrados adscritos al magistrado ponente. Además, las fuentes apuntan que «no parece» que haya iniciado los trabajos.
En un principio, en la sede de Domenico Scarlatti señalaban la pregunta formulada por el TS como el asunto que daría lugar a la primera sentencia sobre la ley de amnistía. Sin embargo, en estos momentos se matiza que la primera sentencia versará sobre el asunto cuya ponencia llegue antes al Pleno, dependiendo así de la rapidez de Montalbán y Enríquez a la hora de elaborar sus respectivos borradores.
Con todo, las fuentes subrayan que la respuesta que el TC dé a la impugnación firmada por ‘Génova’ en realidad servirá de guía para todos los asuntos, ya sean recursos o cuestiones de inconstitucionalidad. Y ello porque el TS ciñó su pregunta al artículo 1 de la ley de amnistía, mientras que los ‘populares’ se dirigieron contra toda la norma jurídica, lo que permitirá a la corte de garantías examinarla al completo.
De momento, los plazos globales no han cambiado. Así, la previsión en el TC sigue siendo que la primera sentencia sobre la ley de amnistía –ya sea en respuesta al PP o al TS– se emita en el primer semestre del año, antes del verano.
La intención es «ponerse a trabajar en serio» para dar una respuesta bien argumentada «en un tiempo razonable», pero desde el Constitucional asumen que el calendario dependerá en gran medida de las «maniobras dilatorias» que surjan.
Algunas voces señalan en este sentido al recurso de súplica presentado por el PP contra la decisión del TC de apartar a Macías del examen de su recurso. Según fuentes ‘populares’, el partido alega que el Constitucional se saltó el procedimiento legalmente establecido al no darle oportunidad de presentar alegaciones, a pesar de ser parte en el asunto, lo que considera que ha vulnerado los principios de contradicción e igualdad de armas, generando su «indefensión».
En estos momentos, admitidos a trámite todos los recursos de inconstitucionalidad y casi todas las cuestiones de inconstitucionalidad –solo queda pendiente una del TSCJ que se envió a la Fiscalía para que se pronunciara–, y resueltas las abstenciones y recusaciones asociadas a los mismos, el TC se adentra ya en los recursos de amparo presentados por los potenciales beneficiarios de la amnistía.
En el Pleno que arrancará este martes, los magistrados estudiarán la admisión a trámite de los registrados por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del TS de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados por el 1-O.
Fuentes jurídicas avanzan que serán admitidos, aunque podría presentarse un obstáculo formal porque la abstención de Campo y la recusación de Macías que se aprobaron para los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad no se han extendido por el Pleno a los recursos de amparo, lo que podría dilatar este trámite.
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