Torre eléctrica
El operador del sistema eléctrico ha indicado que la continuidad del suministro “no se ha visto en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación -que se ha aplicado durante aproximadamente dos horas, que establece la normativa- garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se han visto reducidos los recursos disponibles en el sistema”, recoge Europa Press.
En concreto, en esta ocasión, la aplicación del SRAD se ha producido con el fin de amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal, “razón por la cual se han reducido la importación de electricidad y de la caída de la producción eólica prevista por el efecto de este temporal sobre el sistema español”, ha añadido Red Eléctrica.
El sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.725 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el primer semestre de 2026, con el fin de mantener el equilibrio entre generación y demanda, y garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad, asignados en la subasta que se celebró el pasado 28 de noviembre. El periodo de aplicación es del 1 de enero al próximo 30 de junio.
El SRAD es un mecanismo de balance voluntario y alineado con la normativa europea, que promueve la participación de la demanda en los servicios de balance para garantizar el equilibrio del sistema.
Para prestar este servicio, que se emplea desde 2022, los proveedores adquieren el compromiso de estar disponibles para reducir su potencia de consumo en aquellas situaciones puntuales en las que el operador del sistema identifique que no se cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva.
Los consumidores adjudicatarios son retribuidos con un precio marginal por cada megavatio (MW) asignado y hora, por su disponibilidad para reducir su consumo en las horas asignadas. Por otra parte, cada activación es retribuida al precio de la regulación terciaria correspondiente a los periodos de activación.
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