El proceso de reversión del departamento sanitario de La Ribera impulsado por la Conselleria de Sanidad valenciana para devolver su gestión al sistema público ha entrado en su recta final: el Ejecutivo regional ha anunciado en en marzo expira el contrato de concesión tras 15 años de gestión privada, un intento recurrido sistemáticamente a los tribunales por la adjudicataria, Ribera Salud.
Fue el primer gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, presidido por Eduardo Zaplana, el que adjudicó en 1999 a a esta empresa el primer hospital de gestión privada de España, que según recuerda Europa Press dio nombre a este nuevo sistema de concesión administrativa sanitaria: el “modelo Alzira”.
Tras el Pacto del Botánico, que llevó a presidir la región valenciana a PSOE y Compromís en 2015, el presidente de la Generalitat Ximo Puig anunció en las Cortes, con año y medio de antelación, que el contrato no se renovaría. Desde entonces, Ribera Salud ha acudido en nueve ocasiones a los Tribunales para tratar de impedir esta reversión, y sus recursos han sido desestimados.
Este sábado, el argumentario de la consellería que dirige Carmen Montón anuncia la fecha concreta en la que comenzará la reversión. Un proceso que cuenta con una serie de instrucciones y normas detalladas por la Generalitat a la empresa concesionaria.
El último recurso de Ribera Salud se desestimó hace apenas una semana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV): tumbó la petición de la UTE Ribera Salud II de establecer una medida cautelar urgente para suspender la reversión. De este modo, el 1 de abril la gestión de este departamento de salud, que atiende a una población de 250.000 habitantes, volverá a ser pública.
La Conselleria de Sanidad asegura que tras la reversión no solo seguirá el mismo personal sino que se aumentará la plantilla y los servicios, se modernizarán las infraestructuras, se mejorarán los accesos y el aparcamiento será gratuito. No obstante, seguirán los mismos trabajadores bajo la condición de trabajadores laborales a extinguir en sus mismas condiciones contractuales, indefinidos o temporales.
El cambio se vehiculará mediante una sucesión de empresas, consistente en que la Administración se subrogará como empleador asumiendo a los trabajadores bajo la fórmula de empleados laborales a extinguir.
Paralelamente, el Ejeucutivo de Puig y Mónica Oltra, vicepresidenta por Compromís, ha diseñado un plan de inversiones de urgencia para mejorar distintos aspectos del departamento de salud tanto del ámbito de la atención primaria dotado con 7,8 millones de euros; 5,7 millones en 2018 y 2,1 millones en 2019. Se acometerán mejoras de las plantas de hospitalización, urgencias, hospital de día oncológico y se cambiará parte del mobiliario.
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