Tribunal Supremo
El magistrado del Supremo Pablo Llarena ha rechazado los permisos de salida solicitados por el responsable de ANC Jordi Sánchez para participar en la campaña electoral.
El juez tampoco le permite realizar entrevistas ni los contactos con los medios de comunicación que no se inserten en el ordinario régimen interno de la prisión en la que está ingresado, y el uso de internet fuera del régimen de control fijado por centro penitenciario.
En un auto, que ha sido notificado este jueves, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los derechos subjetivos de voto y de elegibilidad que estableció que no son derechos absolutos, por importante que sean, y que “cada Estado contratante puede modular siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan”, según informa elpais.com.
El magistrado argumenta que el sistema electoral español se basa en listas cerradas de candidatos y la que encabeza Sànchez, solo detrás del huido Carles Puigdemont, la componen 85 personas. De ahí que entiende que la defensa del ideario de la candidatura está atendida por los otros miembros de la lista, el partido político o la agrupación de partidos que forman parte de la misma candidatura.
Añade que «por más que (la prisión) comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su agrupación de electores» o él mismo.
El juez del Supremo cree que si deja salir a Jordi Sànchez salir de prisión se podrían crear “situaciones de riesgo” que tratan de evitar, como las movilizaciones o tumultos.
En su auto, Pablo Llarena recuerda que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Jordi Sánchez por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas, semejantes a las que se le atribuyen en este procedimiento.
De esta forma, indica el juez, las autorizaciones que reclama para salir del centro penitenciario o de participación en los medios de comunicación, “precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no sólo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas, sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció”.
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