El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este lunes una providencia en la que solicita a la Guardia Civil un informe que recoja el posicionamiento de los integrantes del Comité Estratégico creado para llevar a término las actuaciones del procés independentista, y que estaría formado por los investigados Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los portavoces de las formaciones independentistas.
En concreto, pide diligencias para determinar la posible responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el alto tribunal por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.
El magistrado observa indicios de posible coordinación entre un hipotético Govern de transición, el cual tendría un comité estratégico y un comité ejecutivo. Según el documento Enfocats, incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona, el comité estratégico estaría formado por el presidente y el vicepresident del Govern, así como los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, entre ellos la diputada de la CUP Anna Gabriel.
Eso incluye a presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas, como es el caso de Marta Rovira (ERC), además de los líderes de las plataformas ANC, Òmnium y AMI.
El Supremo solicita esclarecer y justificar si hubo “un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña”. Del mismo modo, el magistrado pregunta si estas entidades han sufragado actuaciones acordadas por alguno de estos partidos políticos.
El magistrado quiere que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.
El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.
Además, pide al instituto armado un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comités de Defensa del Referéndum” y “Comités de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “Enfocats”.
En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.
Por último, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el consejero de Interior catalán en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.
El magistrado reclama también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.
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