El Rey emérito, Juan Carlos de Borbón. (Foto: José Oliva - Europa Press)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado a Izquierda Unida (IU) que da por ‘recibido’ el escrito que la formación le remitió hace algo más de un mes solicitando la reapertura de la querella que presentaron en su día contra el Rey emérito y que se inadmitió de plano el año pasado.
En una nota de prensa, IU señala que en la respuesta del Supremo se indica concretamente que la Sala ha reclamado la querella original y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto.
La petición de la formación se produjo tras la imputación de la empresaria y examiga del monarca Corinna Larsen en una pieza del denominado ‘caso Tándem’ por las actuaciones presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
IU, el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella interpuesta en diciembre de 2018 contra Juan Carlos I, presentaron su escrito el pasado 3 de agosto asegurando que, «a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos», «sí podrían tomar cartas en el asunto».
En su petición hacían referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
La querella presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Larssen, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.
AUDIO DE UNA CONVERSACIÓN
La querella se basa en el audio de una conversación que tuvo lugar en Londres en 2015 entre Villarejo, Villalonga y Larssen en la que ella apuntaba que el Rey emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros para enmascarar propiedades en Marruecos y había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a una UTE española.
El Supremo, tras imponer una fianza de 12.000 euros a los querellantes para poder personarse como acusación popular, acordó inadmitir esta querella al entender que los hechos ya fueron investigados en la Audiencia Nacional y que se archivaron por falta de indicios de criminalidad.
Sin embargo ante la reciente reapertura de las actuaciones contra Larsen en la Audiencia Nacional, IU y el PCE consideran que el argumento que empleó entonces el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena –ponente del auto por el que se inadmitió la querella–, ya no es válido.
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