Senado de Estados Unidos
La decisión ofrece un respiro a la Administración en pleno cierre del Gobierno federal, que ya se extiende desde el 1 de octubre.
La orden de Jackson congela la resolución de un tribunal de distrito en Rhode Island que obligaba al Ejecutivo a transferir 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) antes de este viernes. La magistrada estableció que la medida se mantendrá vigente hasta que el tribunal de apelaciones del Primer Circuito emita su decisión definitiva sobre la suspensión.
El SNAP, principal programa de ayudas alimentarias del país, se encuentra al límite de sus fondos por la falta de acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas. Mientras tanto, millones de hogares dependen de las transferencias que financian las tarjetas de alimentos, lo que ha convertido el caso en un símbolo de la crisis social derivada del cierre.
La orden del Supremo congela de forma temporal una transferencia de 4.000 millones de dólares en plena crisis presupuestaria
El Gobierno argumentó ante los tribunales que no contaba con fondos aprobados por el Congreso para realizar el pago completo en un solo día, y advirtió del riesgo de violar la ley de asignaciones presupuestarias si cumplía la orden.
El cierre del Gobierno ha paralizado programas básicos de asistencia y dejado sin sueldo a miles de empleados públicos.
En su decisión, Jackson señaló que la suspensión “facilita la pronta resolución” de la apelación pendiente, un gesto que, según expertos, busca evitar un choque directo entre el poder judicial y el Congreso por la financiación de programas sociales.
La Casa Blanca celebró la medida, que considera “un paso necesario para garantizar la estabilidad institucional”, aunque no exime al Ejecutivo de resolver la crisis presupuestaria que mantiene bloqueado el gasto federal. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi defendió que “un solo tribunal de distrito no debería interferir en las negociaciones políticas que podrían ofrecer soluciones rápidas al SNAP”.
La suspensión busca evitar un choque institucional entre el Supremo y el Congreso por el gasto social
El fallo supone una victoria temporal para el Gobierno, pero deja a millones de familias en la incertidumbre sobre el pago de sus ayudas.
El SNAP representa la columna vertebral de la política alimentaria estadounidense: cada mes destina entre 8.500 y 9.000 millones de dólares a cubrir los vales de comida de millones de beneficiarios, especialmente familias con niños, personas mayores y trabajadores de bajos ingresos.
| Indicador | Dato estimado |
|---|---|
| Beneficiarios actuales | 42 millones de personas |
| Coste mensual total del programa | 8.500 – 9.000 millones de dólares |
| Fondos exigidos por el tribunal de distrito | 4.000 millones de dólares |
| Estado actual de la orden judicial | Suspensión temporal |
La suspensión administrativa tendrá efecto durante 48 horas tras el fallo del tribunal de apelaciones, que se espera “emita con prontitud”, según el texto firmado por Jackson.
El caso se ha convertido en un nuevo episodio de la confrontación entre el Supremo y los tribunales inferiores durante el mandato de Trump, en el que varias políticas sociales han quedado atrapadas entre la urgencia presupuestaria y el pulso institucional.
La decisión del Primer Circuito marcará si el Gobierno debe pagar o no los fondos completos antes de que finalice el cierre. Si el tribunal rechaza la apelación, la Casa Blanca podría verse obligada a asumir el coste inmediato del SNAP, presionando aún más las negociaciones con el Congreso.
El desenlace del tribunal de apelaciones decidirá si la Casa Blanca debe liberar los fondos o mantener la suspensión
A corto plazo, la intervención de Ketanji Brown Jackson refuerza el papel del Supremo como árbitro de la crisis, pero también revela las tensiones políticas que atraviesan la gestión del gasto social en un país dividido por la parálisis presupuestaria.
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