El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta / Foto: Eduardo Parra - Europa Press
El alto tribunal designó al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta tercera causa, que se suma a las ya iniciadas en abril por presunta financiación ilegal y la falsificación de una prueba PCR del entonces presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
El caso pone de nuevo en el centro del debate el uso de redes sociales y canales privados como Telegram para realizar campañas de descrédito y desinformación
Esta nueva línea de investigación responde a la publicación de contenidos que, según la Fiscalía, podrían suponer un delito de injurias o incluso amenazas contra una representante del Ministerio Público especializada en proteger los derechos de colectivos vulnerables.
Las otras dos causas abiertas por el Supremo también apuntan a delitos graves. La primera, iniciada el pasado abril, investiga la presunta utilización de fondos irregulares en la campaña que llevó a Alvise al Parlamento Europeo. La segunda se centra en la difusión de un falso resultado positivo en COVID-19 de Salvador Illa, supuestamente fabricado y distribuido con el objetivo de influir políticamente.
Las tres causas serán tramitadas en paralelo en el alto tribunal, debido a la condición de aforado del eurodiputado
La apertura de esta tercera causa sugiere que el Supremo observa un patrón de conducta continuado en la estrategia comunicativa del líder de Se Acabó La Fiesta, lo que podría agravar su situación legal si se demostrara una voluntad sistemática de desinformar o atacar a instituciones públicas.
Luis ‘Alvise’ Pérez, conocido por su activismo digital y mensajes de alto voltaje político, ha construido una audiencia millonaria a través de canales como Telegram, donde mezcla denuncias, noticias manipuladas y ataques directos a figuras públicas. Sus publicaciones contra Susana Gisbert han sido tachadas de hostigamiento por distintos colectivos jurídicos y de derechos humanos.
En un contexto de creciente polarización, el caso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la libertad de expresión y la comisión de delitos en el ámbito digital.
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