El Sindicato de Enfermería rechaza que se realicen test en farmacias porque «no reúnen la seguridad necesaria»

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que los empresarios propietarios de oficinas privadas de farmacia insisten en cruzar todas las «líneas rojas» que protegen a la profesión enfermera para «intentar hacer negocio a través de la realización de actuaciones sanitarias asistenciales que no les competen y que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de las personas».

En concreto, la organización sindical rechaza la propuesta de realizar los test rápidos de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia. «Podría suponer convertir a las farmacias en un nuevo foco de transmisión y contagio del COVID-19 al no reunir las condiciones de seguridad necesarias», advierten.

Por ello, Satse ha anunciado está estudiando la puesta en marcha de una serie de iniciativas para evitar que la «voracidad sin límites» de los empresarios de oficinas de farmacia perjudique al sistema sanitario y a las competencias profesionales reservadas a los enfermeros, ya que, atendiendo a la normativa vigente, «su campo de actuación está reducido sustancialmente a aquello que gira en torno al medicamento pero nunca a labores asistenciales».

El sindicato recalca que los propietarios de las oficinas de farmacia «llevan mucho tiempo intentado aumentar sus ingresos económicos por realizar unas actuaciones sanitarias para las que no están capacitados ni habilitados a través de la mal llamada e inexistente farmacia comunitaria». «Todo ello sin tener en cuenta lo que establece la normativa sanitaria española al respecto y las posibles consecuencias negativas que algunas de ellas tendrían para la seguridad y salud del conjunto de la ciudadanía», añaden.

Satse señala que los farmacéuticos se han ofrecido a «realizar labores de atención domiciliaria; administración de vacunas, como la de la gripe; revisión de botiquines; seguimiento y asistencia a pacientes crónicos; detección y seguimiento de la diabetes; control del paciente anticoagulado; prevención del ictus y vigilancia; y seguimiento a las personas afectadas por COVID-19, entre otras». «También se empeñan en realizar campañas sanitarias como, por ejemplo, las del dolor de espalda, osteoporosis, etc.», enumeran.

«Desde el más absoluto respeto a su cualificación y profesionalidad, les instamos a que, si quieren realizar actividades asistenciales que competen a enfermeros y médicos, lo que tienen que hacer es cursar los estudios de Grado universitario pertenecientes a estas profesiones porque, si no es así, deben limitarse a desarrollar las funciones y competencias que la normativa establece dado que su formación está centrada y fundamentada en el medicamento», afirman con rotundidad.

Por otra parte, Satse subraya que, de hacerse realidad estos intentos de los empresarios de farmacias, supondría «una clara privatización encubierta de servicios sanitarios públicos que ya prestan de manera gratuita y con todas las garantías enfermeros y médicos de Atención Primaria, y conllevaría, además, un gasto adicional para las administraciones y el conjunto de la ciudadanía». «En definitiva, una perversión evidente de nuestra sanidad pública a través de las empresas privadas farmacéuticas, la cuales ya gozan de excelentes privilegios únicos en nuestro país», resumen.

«Los enfermeros y médicos, desde la independencia profesional y sin ningún tipo de interés económico, ejercen y garantizan una atención sanitaria y cuidados de calidad, tanto en los centros de salud como en los domicilios, y una asistencia pública totalmente adecuada a las necesidades que en cada momento pueda tener cualquier persona», concluyen.

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