Coches de autoescuela aparcados frente a la Delegación del Gobierno de Catalunya
Con 17 votos a favor y once abstenciones, entre ellas las de los senadores del PP y Vox, ha salido adelante el dictamen que ha incluido 12 enmiendas de las 83 presentadas por todos los grupos, a excepción del PNV.
Respecto al artículo 62 del texto remitido por el Congreso, éste permitía la formación teórica ‘online’ para conductores y que los centros pudieran tener un único local físico con el que operar en toda España. Sin embargo, varias enmiendas aprobadas y presentadas por los exsenadores de Ciudadanos y ahora independientes, Emilio Argüeso y Ruth Goñi; Geroa Bai; Teruel Existe; Partido Regionalista de Cantabria; Esquerra Republicana; Junts per Catalunya, Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera han dado la vuelta a la situación.
«La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por centros de formación, que podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y denominación. Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el territorio español en el caso de que se establezcan secciones o sucursales», dice ahora el texto aprobado este lunes por la Comisión.
En el turno de defensa de las enmiendas, la senadora navarra Ruth Goñi ha agradecido el respaldo recibido y ha avisado de que de no haberse aceptado «iba a permitir que se legitimara la competencia desleal entre autoescuelas, se iba a deteriorar la formación de los alumnos y la seguridad vial».
En la misma línea se ha expresado el portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries. «Volver al texto original que había tal como llegó la Ley al Congreso responde más a la realidad de las autoescuelas en el conjunto del territorio», ha argumentado.
La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) había advertido del «peligro» para la seguridad vial y para los centros de formación que, a su juicio, entrañaba el artículo 62 de la reforma de la Ley de Tráfico. «Acarrearía un empeoramiento de la formación que reciben los aspirantes a conductores, lo que se traduciría a medio plazo en un aumento de los muertos y heridos graves» en las carreteras, apuntaba.
Por otro lado, también se ha incorporado al texto una enmienda del PSOE que mantiene la obligatoriedad de disponer de alcoholímetros antiarranque en los vehículos destinados al transporte de viajeros desde el 6 de julio de 2022, pero la elimina en el caso del los transportes de mercancías.
«Al contrario que el sector de transporte de viajeros por carretera, el sector de transporte de mercancías no ha demandado ni directamente, ni a través de Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), la incorporación de dispositivos alcoholímetros antiarranque a los vehículos N2 y N3», sostiene el PSOE, que añade que la instalación de estos dispositivos «supone un elevado coste que en las actuales circunstancias económicas las empresas de transporte de mercancías por carretera probablemente no están en condiciones de afrontar».
Además, se ha añadido otra enmienda de los socialistas que establece que cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves, los puntos que corresponda detraer quedarán descontados de forma automática en el momento en que se proceda a la anotación de la citada infracción en el registro de conductores e infractores de Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico quedando constancia en dicho registro del crédito total de puntos de que disponga el titular de la autorización.
«Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción sin que la infracción de la que trae causa haya sido anotada, no procederá la detracción de puntos», apunta el texto, donde el PSOE argumenta que el objetivo es establecer un plazo máximo para la detracción de puntos desde la firmeza de la sanción, plazo que en la actualidad no existe, «por razones de seguridad jurídica».
El Grupo Socialista mantendrá viva para su debate en el Pleno la controvertida enmienda con la que quiere eliminar los 20 km/h de exceso para realizar adelantamientos en carretera convencional y que este lunes ha vuelto a enfrentar a PP y PSOE.
«No compartimos que se elimine ese margen de 20 kilómetros en adelantamientos, sobre todo en las carreteras convenciones donde hay más siniestralidad y puede provocar a veces situaciones mucho más peligrosas en lugar de aumentar la seguridad. Y segundo, porque no conocemos ningún estudio, ningún análisis científico que lo avale. Desgraciadamente, esto nos hace pensar que es otra idea no tan peregrina de nuestro querido Gobierno y la DGT para seguir con ese afán recaudatorio», ha dicho el ‘popular’ José Julián Gregorio.
Por su parte, el socialista Raúl Díaz ha replicado «negando la mayor» y rechazando que detrás de dicha propuestas exista «un afán recaudatorio», y ha añadido que el objetivo de la misma, como de la reforma, es «intentar alcanzar ese horizonte de reducción de las muertes y de la siniestralidad vial a la mitad cuando acabe esta década».
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