Senado
La Cámara Alta sostiene que la ausencia de nuevos Presupuestos impide al Parlamento ejercer plenamente sus funciones constitucionales de control y aprobación presupuestaria, al mantenerse prorrogadas unas cuentas que corresponden al ejercicio de 2023.
El Senado subraya que el conflicto ya fue aprobado en el Pleno hace dos meses y remitido formalmente al Ejecutivo, sin que este haya respondido ni presentado el proyecto presupuestario dentro del plazo previsto.
El Gobierno tenía un mes para contestar al conflicto de atribuciones aprobado por el Senado, pero no ha presentado los Presupuestos ni ha dado respuesta formal
El Pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, aprobó hace dos meses iniciar este conflicto de atribuciones con el objetivo de forzar al Ministerio de Hacienda a presentar los Presupuestos correspondientes a 2026.
Según el procedimiento establecido, una vez remitido el planteamiento al Gobierno, el Ejecutivo disponía de un mes para contestar o dejar transcurrir el plazo sin respuesta. Finalizado ese periodo y sin avances presupuestarios, la Cámara Alta ha optado por elevar directamente el asunto al Tribunal Constitucional.
El Senado considera agotada la vía política y traslada el conflicto al Constitucional ante la falta de Presupuestos y de respuesta del Ejecutivo
En el texto remitido al TC, el PP sostiene que el Senado “no debe admitir ni tolerar” el incumplimiento de una obligación que la Constitución impone expresamente al Gobierno, al que atribuye un “deber constitucional de presupuestar”.
Los populares denuncian además una “práctica fraudulenta” de modificación presupuestaria al margen del Parlamento, derivada de la ausencia de nuevas cuentas públicas, al considerar que vulnera el principio de legalidad presupuestaria y reduce el control parlamentario.
El PP acusa al Gobierno de utilizar la prórroga presupuestaria como mecanismo ordinario y no excepcional
El texto recuerda que la situación actual, con Presupuestos prorrogados desde 2023, solo es comparable con lo ocurrido en 2020, cuando se mantuvieron las cuentas de 2018 debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
A juicio del PP, no existe una justificación objetiva para repetir ese escenario en 2026, más allá de la falta de apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante un nuevo proyecto de Presupuestos.
Según el escrito, los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales, ni impedir que las Cortes Generales —y en particular el Senado— ejerzan su función presupuestaria.
La Cámara Alta solicita al TC que declare que el Gobierno ha vulnerado las atribuciones constitucionales del Senado al no presentar el proyecto de ley de Presupuestos y por el abuso de la prórroga presupuestaria.
En concreto, pide la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, aplicadas desde el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
| Ejercicio afectado | Presupuestos aplicados | Situación |
|---|---|---|
| 2024 | PGE 2023 | Prórroga |
| 2025 | PGE 2023 | Prórroga |
| 2026 | PGE 2023 | Sin proyecto presentado |
Asimismo, el Senado reclama que el Constitucional fije un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional y determine cómo deben resolverse las situaciones jurídicas derivadas de esta prórroga continuada.
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