Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
La Ley de Contratos del Sector Público supera su tramitación en el Senado admitiendo sólo tres enmiendas de las más de 250 presentadas por los grupos. Las tres son propuestas del PP y darán prioridad a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
Es decir, reivindican parte de la reforma laboral de 2014 al fijar que una empresa que contrate con el sector público no deba atenerse a las normas laborales de su sector de actividad si la compañía en cuestión goza de un convenio propio.
Hace menos de una semana y previendo que la mayoría de la que goza el PP en el Senado sacaría adelante esta última modificación de la ley, UGT criticaba que se facilitaría que las empresas con menos respeto hacia los derechos de los trabajadores puedan resultar ganadoras en concursos públicos.
El sindicato critica que en los últimos años se viene incrementando el uso de fórmulas de gestión privada, contratos que ya se quedan con el 18% del PIB, por lo que cada vez es mayor el número de empleos públicos y privados que depende de esta ley. Par UGT se trata de un “nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales”.
Desde las filas del PP se defiende que estos cambios sólo buscan aportar seguridad jurídica a los contratistas, así como respetar la legalidad que marca el Estatuto de los Trabajadores en este asunto. Pero tanto el PSOE como los sindicatos han criticado las modificaciones por llevar hasta la contratación pública la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2014.
No obstante, al haber sido modificada en el Senado, la norma debe volver al Congreso para ser ratificada tras las últimas remodelaciones.
Esta ley llega como orden de trasponer al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014, que debían haberse adaptado en España en 2016 pero que la parálisis parlamentaria por la repetición de elecciones postergó hasta hoy.
Entre los objetivos de texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.
El proyecto procedía del Congreso, donde sí se incorporaron hasta 975 iniciativas a través de pactos entre partidos.
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