El reparto de menores migrantes abre una grieta política y judicial entre Baleares, Canarias y el Gobierno

El sistema de acogida de menores migrantes se ha convertido en el epicentro de la confrontación política. Lo que nació como un decreto para aliviar la presión en Canarias y Ceuta ha derivado en un conflicto abierto: Baleares denuncia una sobrecarga inasumible y busca frenar judicialmente el reparto, mientras Canarias exige mayor agilidad y acusa al Estado de incumplir plazos. En paralelo, el Ejecutivo defiende la medida como un ejemplo de solidaridad autonómica, aunque las cifras muestran un desafío difícil de contener.

Baleares: recurso contra el decreto

El Govern balear, junto a los Consells Insulares, ha elevado recurso contra el Real Decreto alegando que los centros superan con creces su capacidad. Con más de 680 menores acogidos, el archipiélago asegura que no puede cumplir con las obligaciones impuestas y reclama respaldo europeo. La tensión ha aumentado hasta el punto de exigir la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el litigio judicial.

“No podemos asumir este reparto en condiciones dignas; los recursos están al límite”, sostienen desde Baleares

Canarias: urgencia y desgaste

En Canarias la situación es aún más crítica: más de 5.000 menores esperan ser trasladados a la Península. Los plazos previstos —máximo de 15 días de estancia— no se cumplen, y muchos niños superan un mes en centros saturados sin escolarización ni rutinas. El Gobierno autonómico pide acelerar los traslados y ha vinculado su apoyo al decreto a un compromiso político más amplio con el Estado.

El Gobierno central defiende la solidaridad

El Ejecutivo insiste en que el decreto es imprescindible para repartir responsabilidades entre comunidades. Asegura que en septiembre se incrementarán los traslados, a un ritmo de 20 menores semanales, y que se invertirán 40 millones de euros en la creación de 1.200 nuevas plazas en la Península. El discurso oficial defiende que sin este reparto el sistema nacional quedaría colapsado y acusa a la oposición de usar la crisis con fines partidistas.

 Saturación en Baleares y Canarias

Cronología del decreto y la polémica

Evolución de llegadas migratorias y menores (2023-2025)

*Datos actualizados a agosto de 2025.

Tensión política y fractura nacional

La polémica por el reparto ha reavivado el enfrentamiento político. La oposición ha prometido endurecer la Ley de Extranjería, defendiendo repatriaciones inmediatas y restricciones a ayudas sociales, mientras el Gobierno acusa a sus rivales de alimentar discursos de odio. Las diferencias entre partidos y comunidades auguran un debate áspero de cara al otoño, con los menores migrantes como protagonistas involuntarios de una disputa política y social que no deja de crecer.

El reparto de menores migrantes no acompañados ha dejado de ser una medida técnica para convertirse en un pulso político y judicial. Baleares planta cara en los tribunales, Canarias exige rapidez y el Gobierno insiste en la solidaridad como única salida. La crisis migratoria se transforma así en un espejo de las tensiones estructurales de España: un Estado descentralizado, una oposición polarizada y un reto humanitario que desborda las costuras del sistema.

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