Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz (Foto: Kay Nietfeld/dpa)
La postura del Reino Unido marca un giro diplomático de gran relevancia en el contexto del prolongado conflicto palestino-israelí. En medio de una creciente presión interna e internacional, el Gobierno de Keir Starmer plantea un ultimátum a Israel y pone sobre la mesa el reconocimiento oficial del Estado palestino si no se producen avances tangibles hacia la paz. La decisión, que se anunciaría ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, podría tener implicaciones profundas para la geopolítica de Oriente Próximo.
Londres condiciona el reconocimiento del Estado palestino a que el Gobierno de Israel tome medidas sustanciales para aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. En un comunicado oficial, Downing Street señala que la decisión se ejecutará en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a menos que Israel permita el acceso de ayuda, respete un alto el fuego y descarte nuevas anexiones en Cisjordania.
Más de 50 exdiplomáticos británicos y miembros de la ONU firmaron recientemente una carta dirigida a Starmer instando a dar este paso. Según ellos, el reconocimiento del Estado palestino es esencial para proteger la viabilidad de la solución de dos Estados, base histórica de las negociaciones de paz.
“Reconoceremos al Estado de Palestina en septiembre, salvo que el Gobierno israelí actúe de forma sustantiva para poner fin a la terrible situación en Gaza”, advierte el texto difundido por el Ejecutivo británico
El conflicto en Gaza sigue dejando un reguero de víctimas y carencias extremas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 60.000 gazatíes han muerto desde el inicio de la ofensiva, y más de 145.800 han resultado heridos. La población sufre una desnutrición aguda, consecuencia del bloqueo humanitario impuesto por Israel, que ha impedido el funcionamiento de infraestructuras básicas y el acceso a alimentos y medicamentos.
El 23 de julio, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre un incremento dramático de las muertes por hambre en el enclave. La situación se agravó después de que Israel cortara el suministro eléctrico a la planta desalinizadora y bloqueara la entrada de camiones de ayuda tras el fin de la tregua en marzo.
En respuesta a la presión de la comunidad internacional, el Gobierno de Benjamín Netanyahu permitió en los últimos dos meses la entrada parcial de ayuda. Sin embargo, confió su distribución a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), una organización rechazada por numerosas ONG sobre el terreno por su supuesta falta de profesionalidad y su vinculación con intereses políticos israelíes.
Esta decisión ha generado críticas de organismos internacionales, que denuncian que la GHF no tiene capacidad logística ni imparcialidad para operar en un contexto tan crítico.
El conflicto se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva desde Gaza hacia el sur de Israel, matando a 1.218 personas —en su mayoría civiles— y tomando 251 rehenes. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una ofensiva militar a gran escala, que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes.
Tras una tregua parcial entre enero y marzo de este año, las hostilidades se reanudaron por decisión del Ejecutivo israelí, que acusó a Hamás de inflexibilidad en las negociaciones.
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