Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
El Grupo Parlamentario Socialista presentará este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que denunciará la “tergiversación” que hace el Gobierno de su capacidad de veto sobre iniciativas legislativas que presentan la oposición.
Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una reunión en el Congreso con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas con motivo del arranque del periodo ordinario de sesiones parlamentarias, que se extenderá hasta junio.
La Constitución otorga al Gobierno derecho de veto a aquellas iniciativas legislativas o enmiendas que considere que alteren los presupuestos en curso, sea por suponer aumento de gasto o una disminución de ingresos pero los socialistas vienen denunciando a lo largo de toda la legislatura que el Ejecutivo recurre sistemáticamente a este precepto constitucional para frenar todas las iniciativas de la oposición, fundamentalmente las que tienen que ver con la agenda social, aunque no suponga un aumento del gasto público.
Sánchez ha recriminado al PP que, ante su falta de mayoría, utiliza “dos artilugios” parlamentarios para imponer su criterio: el aplazamiento ‘sine die’ del plazo para las enmiendas y la facultad de veto que está llevando a cabo “de manera impúdica”.
El recurso que el PSOE registrará el jueves es por la decisión de la Mesa del Congreso por admitir, con los votos de PP y Ciudadanos, el veto presentado por el Gobierno a una propuesta de reforma de la Ley General de la Seguridad Social que perseguía que se dejase de considerar como una misma unidad familiar a los familiares que convivan en una misma residencia de mayores a efectos de percibir una pensión no contributiva, según informa Europa Press.
En septiembre pasado, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley para modificar la regulación de la unidad de convivencia en las pensiones no contributivas para evitar «situaciones injustas» como el caso de dos hermanas de que, por estar internadas en la misma residencia de mayores, una de ellas dejó de percibir su pensión no contributiva.
Las dos hermanas, Encarna y Julia Garijo Casal, vivían juntas en la residencia de la tercera edad de Matamala de Almazán (Soria) y tuvieron que separarse por cobrar la primera una pensión no contributiva de 380 euros al mes y la segunda su pensión de viudedad. Julia Garizo regresó a Madrid para poder seguir cobrando su pensión. Este pasado mes de enero, falleció a los 94 años de edad.
La Administración consideró que, por el hecho de convivir en un mismo lugar, ambas personas formarían parte de la misma unidad familiar y, por tanto, se computaban las rentas de las dos hermanas, superando el límite de rentas de la unidad familiar establecido en la Ley de la Seguridad Social.
Para evitar estas injusticias, el Grupo Socialista presentó el 7 de septiembre pasado una proposición de ley que constaba de un sólo artículo y que precisa que “no se considerará que existe unidad económica en los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores”. Pero el Gobierno ha vetado que pueda siquiera debatirse en el Parlamento, alegando que supone un incremento del gasto público.
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