El proyecto estrella en vivienda de Ayuso, naufraga: sólo un 1,86% de las solicitudes son aprobadas

Seis años después, la federación vecinal denuncia que la iniciativa “no solo no ha cumplido sus promesas —la previsión de construcción se ha reducido de 25.000 a 13.000 viviendas— sino que el modelo se ha consolidado como un sistema elitista, poco transparente y alejado del interés general”.

De acuerdo a su informe, el acceso a estas viviendas resulta “prohibitivo” para amplias capas de la población. En especial, para jóvenes, personas que viven solas y colectivos vulnerables como el de personas con algún tipo de discapacidad que demanden una vivienda accesible. Alquilar una vivienda de un dormitorio en municipios como Madrid supone un desembolso mensual de mínimo 737 euros, destaca la FRAVM, ya que al alquiler hay que añadirle el coste de los “anejos obligatorios”, como es garaje y trastero.

“Debido a las estrictas condiciones de acceso impuestas” por el Ejecutivo de Ayuso, las personas solicitantes deben demostrar “unos ingresos netos mensuales de al menos 2.100 euros, en aplicación de la ‘tasa de esfuerzo’ del 35% exigida” para poder acceder a estas viviendas.

“A la dificultad de acceso debido a los estrictos criterios económicos”, continúa la citada federación vecinal, se suman costes adicionales como los gastos de comunidad, que pueden suponer hasta el 18% de la renta mensual. “Especialmente abusivos son los costes de los anejos obligatorios, que en algunos casos cuentan con mayor superficie que las viviendas a las que están vinculados”.

Gasto del garaje o del IBI

En este sentido, el informe pone de empleo el municipio de San Sebastián de los Reyes, donde una vivienda de un dormitorio ofertada por la empresa concesionaria Sogeviso incluye, de forma obligatoria, una plaza de garaje por la que se cobra una renta mensual de 156,62 euros. “Una cifra que resulta al menos un 56% superior a la renta mensual del mercado libre en el municipio”, denuncia la FRAVM. A esta cantidad se le pueden añadir hasta un máximo de 28,19 euros por los gastos comunitarios que genere, lo que eleva el coste de una plaza de garaje a más de 180 euros mensuales.

Además del precio del inmueble, los contratos de arrendamiento obligan a las personas inquilinas a asumir el pago del IBI, tanto de la vivienda como de la plaza de garaje y trastero. Algo que, advierte la federación fue declarado ilegal por el Supremo “al contravenir la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa específica de vivienda protegida”.

Rechazos masivos y falta de transparencia

En el momento de elaboración del informe, los Lotes 1, 2 y 3 del ‘Plan Vive I’ han recibido más de 157.000 solicitudes, pero menos de 3.000 personas (el 1,86%) han firmado un contrato de arrendamiento. El 28,26% de las solicitudes ha sido rechazada por la empresa concesionaria o desistida por las personas solicitantes, mientras que el 67,81% de las peticiones de vivienda permanecen en estado “creada”, un “limbo que puede eternizarse a la espera de adjudicación”, critica la FRAVM.

Si ya resulta difícil acceder a estas viviendas, aquellas personas que lo hacen denuncian las malas calidades de construcción y las numerosas deficiencias en las promociones entregadas en municipios como Alcalá de Henares y Getafe. Hay numerosas quejas por goteras, grietas, averías en los sistemas de climatización y cortes de luz, entre otros problemas.

Ante esta situación, la FRAVM crea un buzón (fravm.org/afectados-plan-vive) para las personas afectadas con la finalidad de “recabar los testimonios de personas que han estado afectadas” por los “múltiples” problemas que está causando el modelo del ‘Plan Vive’.

Propuestas de la FRAVM para garantizar el acceso

A su vez, ha propuesto una serie de mejoras para “encauzar la nefasta situación actual” y garantizar el acceso a este parque público de viviendas a la mayoría social. Entre ellas, que la Comunidad centralice en un “canal único” el proceso de solicitud, publicidad, cauces de comunicación y resolución de reclamaciones a través de la web institucional y de un servicio telefónico de atención e información.

Además, que se exija a la empresa concesionaria la adopción de medidas para solucionar las incidencias que se notifiquen o, en su caso, realizándolas por ejecución sustitutoria para garantizar la funcionalidad y habitabilidad de las urbanizaciones y las viviendas.

Proteger los derechos e intereses de las personas inquilinas del ‘Plan Vive’, “especialmente en aquellos asuntos que puedan suponer un incumplimiento de las condiciones de la concesión”, es otra de las demandas de esta federación vecinal. También, entre otras cosas, que el Ejecutivo de Ayuso adapte los pliegos de adjudicación y rechace las cláusulas de los contratos de arrendamiento presentadas por las concesionarias “que repercutan el pago del IBI o cualquier otro tributo a las personas inquilinas”.

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