El presupuesto para luchar contra el cambio climático se ha recortado más de la mitad desde 2008

Mientras crece a escala global el compromiso de reducir las emisiones contaminantes y proteger al medio ambiente, el Gobierno español recorta el dinero destinado a luchar contra el cambio climático. Así lo denuncia Greenpeace, que pone de manifiesto que la partida destinada a ello en los Presupuestos Generales del Estado se ha desinflado un 56,5% en la última década.

La actual propuesta presupuestaria del equipo de Mariano Rajoy recoge un “tímido aumento” de cerca del 3% en los programas destinados a actuaciones ambientales en 2018, pero para la organización ecologista, es insuficiente para compensar el recorte del año pasado, y el descenso acumulado desde 2008.

Ese año, se destinaron más de 4.000 millones de euros para acciones de protección del medio ambiente, mientras que en para 2018 se contemplan poco más de 1.757 millones. En 2017 se presupuestaron 1.711 millones.

Greenpeace apunta que, mientras algunas partidas presupuestarias como la orientada a la lucha contra el cambio climático, han sufrido fuertes recortes desde el inicio de la crisis, la destinada al Ministerio de Defensa tan solo ha registrado un descenso del 4,5%.

“En 2018 ha sido uno de los Ministerios que más ha aumentado su presupuesto respecto a 2017, un 10,6%”, recuerda la organización, que sostiene que esta situación es un “reflejo de las políticas del gobierno y dice mucho sobre sus prioridades”.

Llama a priorizar el gasto para impulsar las renovables, la eficiencia y la movilidad sostenible para frenar el cambio climático, y lamenta que “las políticas de gasto de Industria y Energía no están orientadas en este sentido”. “El 65% del presupuesto se dedica a cubrir los costes de un sistema eléctrico -que no internaliza los costes ambientales y sociales- y tan solo dedica un 6% del gasto a la transición energética”, señala.

Menos gasto público para la pobreza energética

Greenpeace denuncia además que desde el comienzo de la crisis el gasto público dedicado a los servicios sociales y promoción social (que incluye el presupuesto para luchar contra la pobreza energética) ha sufrido un recorte del 37%.

“El inapreciable ascenso de 2018, casi un 2% tampoco compensa el recorte inicial y muestra de nuevo la poca prioridad que le sigue dando el Gobierno a estos temas”, añade.

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